MI amigo Enrique, de Rivas Vaciamadrid, escribe este excelente artículo
Cuando
un domingo de mediados de mayo de 2011, D. Primitivo, catedrático de la
Universidad de A Coruña de visita en Madrid, acudió a la misa de Villanueva del
Pardillo, pensaba que asistía a un rito religioso. En su lugar se encontró con
un virulento discurso político declamado por un párroco que pasa por ser4 un
“cura normal” en el pueblo.
Al
parecer, lo “normal” debe ser que desde el pulpito se injurie gravemente a las
más altas instituciones civiles: “Gobierno que asesina a los niños en los
vientres de sus madres”, o a la ministra Leire Pajín “es una asesina de
ancianos y de personas que estorban”, por impulsar una ley para morir con
dignidad. Lamentablemente, estos indignos y agresivos comportamientos son muy
frecuentes en un buen número de diócesis católicas españolas “normales”.
D.
Primitivo, católico practicante, ya sabía que en la Iglesia católica (Ic, en
adelante) no cabe la deliberación ni la discusión entre iguales. Pero aún así,
la desmesura le escandalizó “como ciudadano”, e interrumpió el mítin-homilía.
Acto seguido fue expulsado del templo con evidente agresividad.
No deja
de ser llamativo que los miembros de una institución como la Ic, puedan
injuriar impunemente al Gobierno, a su Presidente, o a cualquier ministro o
autoridad civil, sin que el peso del Estado de Derecho caiga sobre ellos,
mientras disfrutan del privilegio de atrincherarse en el Código Civil para
tipificar como delito cualquier comportamiento u opinión que consideren
ofensivos para la religión. Y no se tiene noticia de que el Fiscal General del
Estado haya intervenido en defensa de la dignidad de las autoridades civiles
injuriadas.
Lo de
menos es que los nuevos curas sean fundamentalistas religiosos de extrema
derecha, porque surgen de movimientos ultras que quieren “salvar España”, como
también pretendió la jerarquía católica hace 75 años, con los resultados ya
conocidos. O que hubieran puesto en peligro la oportunista tregua declarada por
Rouco Varela al Gobierno, debido a la visita de Benedicto XVI a Madrid en
agosto, para celebrar un nuevo catolicircus,
esta vez, con jóvenes católicos. Asimismo, no es una razón de peso que no se
pueda “hablar así de un Gobierno que financia a la propia Iglesia”, pues
tampoco sería lícito injuriar a un Gobierno o a sus ministros, aunque no se
financiara a la Ic y estuviéramos en un Estado realmente laico.
Lo
realmente alarmante es que el Estado constitucional siga “alimentando”, año
tras año, unas instituciones (las diócesis católicas) que gastan 10 veces más
de lo que recaudan y que no sólo no realizan ningún servicio de interés
general, ni por lo tanto público, sino que en un número considerable, se
utilizan para torpedear “sin misericordia” todas las leyes que emanan del poder
civil que, no estando de acuerdo con su particular moral, sirven para
reconocer, o ampliar, derechos individuales a distintos colectivos ciudadanos.
Lo que
crea alarma social en millones de ciudadan@s sensat@s es que trascurridos más
de 30 años desde la aprobación de una Constitución supuestamente aconfesional,
el Estado siga manteniendo con sus Presupuestos la existencia de 22.661
parroquias católicas (además del sueldo de 21.000 sacerdotes), que conforman
una extensa trama reticular que se extiende a lo largo y ancho del país, cuyo
objetivo principal no es la actividad “pastoral”, como se deduce de la Memoria
de actividades de 2008, presentada en su momento por la propia Conferencia
Episcopal: en realidad esta trama es un instrumento para mantener la presión
política y el control ideológico y moral sobre el mayor número de ciudadan@s
posible, modelando e influenciando su opinión, así como una excepcional
plataforma para garantizar la difusión de su particular moral e ideología.
Por
eso, millones de ciudadan@s que creemos que en esta democracia constitucional
no puede tener cabida ningún privilegio para creencias particulares
confesionales, debemos exigir a nuestros representantes políticos que abandonen
su clamoroso silencio cómplice y trabajen por hacer realidad los principios de aconfesionalidad,
libertad de conciencia e igualdad jurídica de todas las creencias e ideologías
que la Constitución proclama. Mientras sigan permitiendo estos comportamientos
antidemocráticos y anticonstitucionales, a mí, en estos asuntos, no me representan.
Rivas
Vaciamadrid, agosto 2011
M. Enrique
Ruiz del Rosal
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