miércoles, 29 de febrero de 2012
martes, 28 de febrero de 2012
Belloch, su crucifijo y el eterno retorno de lo mismo
Publicado en Izquierda Digital
Al parecer, existe el eterno retorno de lo mismo. Nos persigue y acosa,
por mucho que nos hayamos comprado un matamoscas para espantarlo. Vuelve y
vuelve, con su paso cansino y sus zapatos de plomo, disfrazado de cualquier
cosa, casi siempre predecible, tediosa, cansada de sí misma.
Ayer el terno retorno de lo mismo me dio un capón en el cogote. Venía
disfrazado del sempiterno alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, que había
traído toda la fanfarria municipal para proclamar pública y solemnemente que su
animo seguía firme e incólume frente a los embates del impío y nunca jamás iba
a retirar del salón municipal de Plenos el crucifijo, su crucifijo, un
crucifijo artístico y cargado de sagradas tradiciones que custodia
habitualmente en su despacho.
El eterno retorno habíase transmutado días antes en moción municipal
dirigida a la retirada del antedicho crucifijo. Esta vez promovía la moción el
grupo municipal de Chunta Aragonesista, que insiste públicamente una vez más en
que en el salón de Plenos zaragozano no debe haber símbolos religiosos, pues
estamos en un Estado aconfesional (ay, esa constante diferencia entre la música
y la letra del artículo 16.3 de nuestra Constitución…).
Belloch ya ha anunciado que votará en contra de esa moción, lo cual
corrobora la concienzuda labor del eterno retorno de lo mismo. Es decir, el
Alcalde socialista de Zaragoza nada nuevo anuncia y algunos socialistas (por
ejemplo, Largo Caballero, Prieto o Iglesias) se preguntan desde sus tumbas de
dónde ha podido salir semejante sujeto para ir a incrustarse en el Partido
Socialista Obrero Español, mientras que otros socialistas (pongamos por caso,
el 99% de los presuntos socialistas actuales) miran hacia otra parte, mascullan
entre sí y en corrillos maldiciones, pero después -públicamente- no dicen ni
mu.
Claro, a los munícipes zaragozanos del PSOE también se les ha vuelto a
aparecer el eterno retorno de lo mismo: no hace mucho tiempo tuvieron que votar
a favor o en contra de esa misma retirada de ese mismo crucifijo de ese mismo
salón de Plenos, o de otorgar una calle a José María Escrivá, paradigma de la
democracia y la libertad. Ni un solo concejal socialista osó desviarse de las
pías inclinaciones de su caudillo Belloch. ¿Qué harán ahora respecto de esta
nueva-rediviva moción? Se admiten apuestas.
Por su parte, en las filas del PP se acude al topicazo y algunos de sus
miembros preguntan si los de CHA no tienen otra cosa mejor y más importante que
hacer que preocuparse de un crucifijo. A los munícipes del PP les traiciona su
subconsciente y creen que la aconfesionalidad del Estado es un asunto baladí,
con sus excelsas excepciones, claro está: por ejemplo, las visitas de Ratzinger
a costa del dinero de todos los
españoles, los 10.000 millones de euros anuales que recibe la iglesia católica
o la declaración de las corridas de toros como BIC (bien de Interés Cultural).
El eterno retorno de lo mismo no se molesta en aparecérsele al PP porque este
es su reencarnación más fiel en todo el territorio hispanovisigótico.
Fuentes dignas de todo crédito y cercanas a las altas esferas de
IU-Aragón dejan deslizar, a su vez, que IU-Aragón se plantea presentar otra
moción para reformar el Reglamento de Protocolo a fin de que el Ayuntamiento
zaragozano y sus miembros no asistan en calidad de sus cargos a actos, fiestas,
celebraciones y procesiones de corte confesional. O sea, que, repasando el
historial de mociones municipales de los últimos años, a IU-Aragón también se
le ha aparecido el eterno retorno de lo mismo.
Es magnífico que CHA e IU hayan estado al pie del cañón a la hora de
revindicar programáticamente la aconfesionalidad de las instituciones del
Estado, incluido el Ayuntamiento de Zaragoza. De bien nacido es ser agradecido,
y no está de más reconocer la cercanía de ambas formaciones a la eliminación de
esa obsolescencia histórica como es la multisecular confesionalidad del Estado.
No obstante, algunos ciudadanos pueden preguntarse cómo IU y CHA lograron
conciliar, de hecho, sus convicciones aconfesionales con el hecho de que hace
unos meses tomaran posesión de sus cargos pública e institucionalmente en una
sala y una mesa donde había una Biblia y un crucifijo y no exigieran la
retirada de esos símbolos confesionales o la celebración de un acto paralelo de
toma de posesión de cargos sin la presencia de símbolos religiosos, tal como
habían firmado y se habían comprometido unos meses antes.
En resumidas cuentas, esos ciudadanos pueden preguntarse si CHA e IU
presentan mociones que amparan su postura oficial, pero no dan una vuelta de
tuerca institucional para que toda la ciudadanía vea y compruebe que las
mociones van acompañadas por los hechos. Por lo mismo, IU y CHA saben que hay
asociaciones que salen a la calle a denunciar la presencia del alcalde y los
concejales, en calidad de sus cargos, en misas, celebraciones y procesiones
católicas. Quizá el eterno retorno de lo mismo les debería susurrar al oído que
difícilmente se queda justificado por no asistir (el artículo 13.1 del
Reglamento de Protocolo Municipal declara obligatoria la asistencia), y
que su verdadero lugar quizá
estaría mostrando también pancartas a su Alcalde y a sus colegas municipales.
sábado, 25 de febrero de 2012
viernes, 24 de febrero de 2012
martes, 21 de febrero de 2012
Des-concierto en la escuela
Artículo a publicar mañana en El Periódico de Aragón
Cuando la Consejera de Educación, Dolores
Serrat, y la Presidenta del Gobierno aragonés, Luisa Fernanda Rudi, presentaron la semana pasada un Informe sobre
la situación de la educación en Aragón con un profuso paquete de medidas y
propuestas, hablaron de árboles, pero no del bosque. Un cargo público yerra su
punto de mira si pierde la perspectiva de conjunto de toda la comunidad, sin
privilegiar a un sector en detrimento del conjunto.
Dice la Consejera que la escuela privada concertada está “infradotada”
(¿en comparación con la pública?). En el fondo, parece no solo carecer de
información sobre lo que realmente hay actualmente en la educación aragonesa en
su conjunto, sino también desconocer que lo fundamental para un responsable del
interés general es el por qué y el para qué de sus decisiones. Seguramente
movida (concedamos el beneficio de la duda) por esa etérea virtud moral
denominada “buena voluntad”, parece prescindir del alcance global de sus
responsabilidades educativas.
No hace muchos años, la situación de la educación era bastante penosa. Ya
en democracia, existía una multisecular red de colegios privados donde se
formaba una minoría, y el resto de los niños y los jóvenes quedaba a merced de
unas escuelas públicas escasas e infradotadas. El 10% de los niños de 6 a 11
años no estaba aún escolarizado y solo un 65% de los que tenían de 12 a 14 años
iba a la escuela, estando destinado a zambullirse a renglón seguido en un mundo
laboral muy poco especializado. Dos tercios de los muchachos de entre 15 y 16
años no seguían estudios secundarios postobligatorios, e incluso la cuarta
parte de la población mayor de 16 años era analfabeta funcional o carecía
simplemente de estudios. Entretanto, mientras la enseñanza privada llevaba a
cabo holgadamente sus objetivos, enseñando a los suyos y cerca de donde vivían
los suyos, la enseñanza pública seguía sumida en la precariedad de medios y a
cargo de unos pocos maestros convertidos en paradigma de quienes pasan
estrecheces (“tiene más hambre que un maestro de escuela”…). Para colmo, en
Aragón la situación era aún más grave por su estructura social, geográfica y
poblacional.
Pues bien, al Partido Popular todo esto parece sonarle a música
celestial, pues se debe a quienes ideológicamente sustentan sus votos. Así como
en la reciente Reforma Laboral han quedado plasmados fielmente los intereses
del empresariado, en las Propuestas supuestamente educativas de la Consejería
aragonesa se atiende las demandas de la enseñanza privada, cada vez más
concertada. Tras los tan denostados Pactos de la Moncloa, la enseñanza pública
se vio fuertemente impulsada: se crearon numerosos Institutos de bachillerato y
Formación Profesional, así como Escuelas de Primaria y Secundaria, y aumentó de
forma importante el numero de profesores, de tal forma que en solo dos décadas
la enseñanza pública había mejorado sustancialmente su situación pasada de
inferioridad respecto de la privada. Finalmente, la escuela pública estaba en
condiciones de educar dignamente y con calidad a su alumnado, como mínimo hasta
los 16 años de edad.
No obstante, quedaban y siguen quedando muchas cosas por hacer. No se
trata de borrar del mapa a nadie, incluida la red privada de enseñanza, pero sí
de dotar a la escuela pública de cuantos medios, personal y servicios son
necesarios para que pueda llevar a cabo real y dignamente sus fines educativos
en todos y cada uno de los barrios, pueblos y comarcas de Aragón. Cualquier
concierto con la privada debe tener en consideración que previamente ha de
quedar garantizada suficientemente una educación pública, laica, integradora, universal y de calidad. Que
la Consejera Serrat afirme a estas alturas que la escuela privada concertada
está “infradotada” es un monumento al disparate interesado, al servicio de los
intereses particulares de la enseñanza privada.
Más allá de la hojarasca
retórica de las 25 Medidas propuestas por la Consejera y su Ley de Autoridad
del Profesorado, el Partido Popular prefiere que los libros de texto sean
propiedad del alumno, en lugar de recibidos gratuitamente de curso en curso,
así como la desaparición del Programa Escuela 2.0, el concierto en etapas no
obligatorias o la supresión de CPRs. Se sigue hablando de fracaso escolar, sin
entrar a analizar (ni saben ni quieren) qué hacer y no hacer, qué impartir y
dejar de impartir con ese 26% de repetidores y con ese número abrumador de
alumnos que se aburren como una ostra de lunes a viernes, cinco horas diarias.
La escuela pública está en
peligro al estar en manos de quienes se desentienden, de hecho, de las metas y
los valores comunes y generales, compartidos por toda la ciudadanía. Todos y
cada uno de los agentes sociales pertenecientes a la comunidad educativa
(¡despertad, sindicatos!) deben trabajar más que nunca por que la escuela
pública no acabe regresando a los estados de desatención y penuria pasados.
lunes, 20 de febrero de 2012
Un buen artículo de Antonio Fuertes, ATTAC Acordem
Contra la servidumbre voluntaria, empoderamiento ciudadano
http://www.acordem.org/2012/02/19/contra-la-servidumbre-voluntaria-empoderamiento-ciudadano/viernes, 17 de febrero de 2012
miércoles, 15 de febrero de 2012
¿Reforma laboral, creación de empleo?
Publicado hoy en El Periódico de Aragón
La semana pasada, el primer ministro italiano, Mario Monti, declaró que
"los jóvenes se tienen que acostumbrar a la idea de no tener un
puesto de trabajo fijo para toda la vida", pues, según él, es algo
“monótono”. Cual lluvia sobre mojado, la ministra italiana de Interior, Anna María Cancellieri, ponía la guinda
en el pastel, diciendo que los italianos están "aferrados a un empleo fijo
en la misma ciudad y cerca de mamá y papá". Probablemente, Monti y
Cancellieri están muy contentos con la “monotonía” de tener ininterrumpidamente
suculentos y relevantes puestos de trabajo, pero pretenden desconocer que no hay banco que conceda un crédito
si no se le garantiza una permanente seguridad en sus fuentes de ingreso, y que
es imposible planificar a medio plazo la vida personal, familiar y social sin
esa “monotonía” laboral, tan denostada por Monti y Cancellieri.
En ese mismo espíritu, el pasado viernes el Gobierno español aprobó
por decreto-ley la “Reforma Laboral”, exigida insistentemente por Bruselas, el
FMI, el Banco Mundial y todas las grandes empresas y entidades financieras que
encarnan la ideología neoliberal. Rajoy
prometió antaño que la “reforma” iba a solucionar el problema del paro y crear
una catarata de puestos de trabajo. Sin embargo, tras leer el texto de la
“reforma laboral” queda meridianamente claro solo que el despido va a ser más
barato y sencillo, y que han sido recogidas ampliamente todas y cada una de las
demandas del empresariado.
De hecho, en la “reforma” todo queda en manos del empresario: despida
y contrate usted a discreción, que nosotros, los gobernantes le facilitamos la
tarea. Sin embargo, un empresario, lejos de ser una ONG, solo contratará si y
solo si conviene a los intereses de su empresa y si con ello va a obtener
mayores beneficios; un empresario tendrá el mínimo número de trabajadores en su
empresa, con tal de que quede garantizado su funcionamiento según sus
intereses; un empresario despedirá a cuantos trabajadores sea necesario si con
esos despidos se eliminan posibles pérdidas y se aseguran los beneficios.
Ante este panorama, el Gobierno, por mediación de su ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, se lo ha puesto al
empresariado como a Felipe II:
decreta una rebaja generalizada del coste del despido, se flexibilizan las
causas para que el empresario pueda acogerse a la vía del despido procedente
(reducido a veinte días por año trabajado), se puede despedir por causa
justificada cuando se aduzca "pérdidas actuales o previstas" o
una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos",
etc. ¿Y qué hay de la creación de empleo?
Para emprender, un empresario necesita dinero y créditos razonables por
parte de las entidades financieras. Estas han recibido del dinero público cerca
de 200.000 millones de euros, que no han destinado a la economía real y de
producción, sino a tapar agujeros, maquillar basura y especular. Y sin dinero
no hay inversión ni empleo ni nada de nada, salvo la realidad del trabajador
cada vez más esquilmado y la del parado cada vez con menos salidas.
Respecto del paro juvenil
(con una tasa de desempleo del 48%), el Gobierno prevé un contrato que incluye
una rebaja de los costes laborales de 3.000 euros para las empresas de menos de
50 trabajadores al contratar al primer trabajador de menos de 30 años, que
podrá seguir cobrando el 25% del paro, mientras que el empresario no pagará el
50% de la prestación. C’est tout. ¿Algo más sobre creación de empleo?
El Gobierno establece una ayuda de 4.000 euros para quienes
contraten a parados de larga
duración, las agencias de trabajo temporal pueden funcionar como agencias de
colocación y los contratos indefinidos quedarán sustituidos cada vez más por
trabajos temporales. Tiene razón la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando afirma que esta reforma “marcará
un antes y un después del mercado laboral”: supone una palmaria regresión a
épocas pasadas, consideradas harto superadas.
Paralelamente, el Gobierno, en su presunto plan de crear empleo, no habla
de combatir la economía sumergida, el fraude fiscal, las operaciones en
paraísos fiscales del 86% de las empresas del Ibex 35, o de instaurar la
regulación de las transacciones financieras, una mayor carga impositiva para
los que más tienen o una redistribución más equitativa de la riqueza y la renta
existentes en nuestro país. Este es la verdadera vía para crear empleo, pero el
Gobierno ni la roza.
Estamos siendo víctimas de un golpe de Estado global por parte de los
poderes económicos y financieros que, invocando la ideología neoliberal, se
proponen que la mayor parte de la población mundial esté compuesta por una mano
de obra barata, con recursos cada vez más limitados y precarios, y totalmente
dependiente de los intereses y dictados del poder económico y los medios de
comunicación (cada vez en mayor medida, medios de propaganda). La “reforma
laboral” decretada por el Gobierno español es una contribución más a este
proceso.
martes, 14 de febrero de 2012
Advertencia y aclaracion
Últimamente, estoy recibiendo algunos comentarios a entradas de este blog muy, muy cercanas a la derecha ultraconservadora. En un caso, el comentario era de sesgo netamente nazi y antijudío. En otro, de la propaganda falangistoide y ultra española.
No viene en estos casos apelas a la libertad de expresión, pues hay ideas y actitudes radicalmente opuestas a la libertad, las libertades y losderechos humanos.
En este blog se publican comentarios no coincidentes con lo que pienso, pero jamás contra los derechos civies y derechos humanos.
La ultraderecha tiene incontables medios propios para propagar su ideología, pero nunca encontrará lugar en este blog.
No viene en estos casos apelas a la libertad de expresión, pues hay ideas y actitudes radicalmente opuestas a la libertad, las libertades y losderechos humanos.
En este blog se publican comentarios no coincidentes con lo que pienso, pero jamás contra los derechos civies y derechos humanos.
La ultraderecha tiene incontables medios propios para propagar su ideología, pero nunca encontrará lugar en este blog.
domingo, 12 de febrero de 2012
Manifiesto en defensa de la Educacion Pública, leído en la concentración del 12 de febrero
EN DEFENSA DE
LA EDUCACION PUBLICA
Estamos aquí para defender la educación pública y
estamos aquí porque hay que
plantar cara. Porque hay que decir ¡¡Ya Basta¡¡
Cuando el neoliberalismo muestra su lado más agresivo,
cuando los gobiernos actúan cada vez más al dictado de los especuladores y
ponen en entredicho la soberanía popular y la propia democracia, cuando la
economía se pone al servicio de los intereses del mercado es cuando más compromisos
debe asumir la ciudadanía para reclamar la conformación de una alternativa que
abra espacio a un futuro más igualitario, con más equidad, más solidario y que
dé valoración a la diversidad.
Necesitamos que la alternativa a esta crisis salvaje sea
construida desde planteamientos democráticos, más justos y solidarios.
Necesitamos un sistema educativo que ayude a construir un nuevo modelo
productivo y económico que sirva al interés general y no al de los mercados.
No es esta la dirección que sigue nuestro Gobierno en
Aragón. Una vez pasado el 20 N el Gobierno PP-PAR ha enseñado su verdadero
programa. Los presupuestos y la Ley de Medidas de Acompañamiento son su línea
política de actuación y son para, tal y como señalan, cumplir el objetivo de
estabilidad presupuestaria. Van en la misma dirección de cargar las consecuencias
de la crisis sobre el empleo, sobre los servicios públicos y sobre el Estado
del Bienestar.
La línea política que marcan los presupuestos presentados
por el Gobierno de Aragón anticipan un grave deterioro de los servicios
públicos. Estos presupuestos suponen la mercantilización de la educación, de la
sanidad, de las prestaciones sociales. Están diseñados para facilitar la
entrada de las empresas privadas en la prestación de los servicios públicos.
Buscan potenciar la enseñanza privada concertada, en todos los niveles y
condenar a la educación pública a un segundo plano. Sólo así se entiende que
los Presupuestos contemplen incrementos de las partidas para la concertada,
sólo así se entiende que no haya partidas para la construcción de nuevos
centros educativos públicos. Sólo así se entiende que permitan a la Universidad
Privada duplicidad de estudios mientras ahogan financieramente a la Universidad
Pública.
Financiar insuficientemente a la Universidad de Zaragoza,
bloquear las inversiones en los campus públicos es planificar las enseñanzas
superiores apostando por la Universidad Privada.
La Enseñanza Pública está siendo duramente castigada por
los recortes del ajuste que, con la excusa de la crisis, están aplicando a todo
el gasto social.
Pero esta estrategia de debilitar a la enseñanza pública
no es única y exclusivamente económica y no es sólo cuestión de las políticas
presupuestarias que quiere desarrollar este Gobierno.
La agresión a la enseñanza pública se produce también
cuando se quieren tomar medidas que, pueden afectar a los procesos de
escolarización para favorecer los intereses de la enseñanza privada concertada.
Las propuestas de que la escolarización de niños y niñas se hagan recurriendo a
zonas únicas mientras se recurre a barracones y se paraliza la construcción de
equipamientos públicos es potenciar a la enseñanza privada concertada.
Se agrede, también, a la Enseñanza Pública cuando no se
convocan oposiciones o se pretende
aplicar solamente el 10% de la
reposición de efectivos de los y las enseñantes, consecuencia de las
políticas de ajuste.
Cerrar Centros de profesores y Recursos y recortar los
gastos de funcionamiento de los centros educativos públicos son medidas
gravísimas, especialmente para la escuela rural, que tienen como objetivo debilitar
la Escuela Pública en su conjunto.
Se agrede, también, a la Enseñanza Pública cuando se
mantiene un inaceptable desequilibrio en la distribución del alumnado de
Diversidad entre los Centros Públicos y Privados concertados.
Se agrede, también, a la Enseñanza Pública cuando los
recortes en el gasto público no impiden que haya partidas para llevar el
programa 2.0 a los centros concertados, ni cuando se plantean ampliar servicios
complementarios a estos centros privados.
Se agrede a la Escuela Pública cuando, con un inaceptable
estilo autoritario, el Departamento de Educación, cambia las cerraduras y echa
de sus despachos a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la
Escuela Pública para dárselos a los padres y madres de los centros concertados.
Hay más amenazas para la Escuela Pública. Ya empiezan a
hablar de recurrir a la gestión privada del servicio educativo público mediante
el sistema de permitir que, a cambio de la gestión y de la explotación, sean
empresas privadas las que construyan los necesarios centros educativos que
requiere la red pública.
Por todo eso estamos aquí, porque queremos frenar la
política de agresiones a los servicios públicos. Porque queremos una Educación
Pública, Laica, Integradora, Universal y de Calidad. Estamos aquí para defender
la Escuela Pública y de gestión pública del continuo deterioro al que está
siendo sometida por la ideología neoliberal que menosprecia la escuela pública
y defiende un modelo de escuela privada concertada con privilegios especiales.
Por eso hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se oponga con
rotundidad a los recortes y exprese su apoyo escolarizando a sus hijos e hijas
en la escuela pública
No permitiremos que la Escuela Pública sea sometida a la
marginalidad ni aceptaremos que pretendan convertir a la escuela Pública en una
escuela subsidiaria de la escuela privada concertada.
En Defensa de la Escuela Pública:
¡¡ NO A LOS RECORTES EN EDUCACION ¡¡
viernes, 10 de febrero de 2012
miércoles, 8 de febrero de 2012
Wert y la mala fe en educación
Publicado hoy en El Periódico de Aragón
Cuando el actual ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, exponía su recién
estrenada ideología y sus consiguientes proyectos en una entrevista en la SER,
no daba crédito a lo que estaba escuchando: el ministro estaba leyendo los
mismos párrafos del mismo libro sobre la asignatura Educación para la
Ciudadanía que habían estado leyendo desde hacía años los detractores de la
asignatura (PP, los grupos católicos más granados del ultraconservadurismo
moral y la Conferencia Episcopal Española: tanto monta, monta tanto…). Lo que
el ministro ignoraba (¿o no?) es que el libro que estaba leyendo ni ha sido
propuesto ni ha sido adoptado como libro de texto en algún centro escolar,
sino, a lo sumo, si nos atenemos a lo declarado por la Editorial que lo
publicó, es un “ensayo crítico” sobre algunas materias de la asignatura.
En realidad, el ministro Wert ha ejercido solo de vocero de la ideología
nacionalcatólica del Partido Popular, que hasta ahora había azuzado a sus
peones de infantería a declararse objetores de la asignatura, apelando a que
supone una grave intromisión en la educación de sus hijos. Paralelamente, el
adalid de las buenas costumbres y ex Presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, había ordenado que la
asignatura se impartiese ¡en inglés! en Valencia, y un sinfín de artilleros
católico-populares habían lanzado a discreción toda suerte de obuses contra la
asignatura.
Ahora Wert repite exactamente las palabras de la jerarquía católica
española: Educación para la Ciudadanía es “un adoctrinamiento sociopolítico y
moral” del alumnado español y para evitar tal supuesta tropelía educativa, el
ministro resuelve sustituirla por otra “objetiva”, sin “connotaciones morales”
y por encima de “cualquier ideología y adoctrinamiento”: Educación Cívica y
Constitucional. Toda una “tartufiana” ceremonia de mala fe e hipocresía,
indigna de un ministro de Educación, pues, hablando de adoctrinamientos, el
ministro debería tener presente que no hay actualmente mayor adoctrinamiento en
los centros públicos de enseñanza que la asignatura Religión y Moral Católicas,
impartida en horario lectivo por un profesorado designado directamente por el
obispo católico del territorio correspondiente, con rango igual al resto de las
asignaturas fundamentales, costeado con el dinero de todos los españoles, que supone 700 millones de euros solo
en concepto de sueldos de profesores de religión.
Hace unos años fui invitado a intervenir en una Jornada sobre la
asignatura Educación para la Ciudadanía, organizada por CEAPA-FAPAR. Leí
entonces detenidamente cinco libros de texto de la asignatura publicados por
distintas editoriales y llegué a la conclusión de que cualquier persona de
buena voluntad no podría poner una sola objeción a aquellos contenidos y
explicaciones, que la algarabía armada en torno a la asignatura por la
celtiberia hispanovisigótica se debía básicamente a mala fe, y que era
imposible que hubiesen leído uno solo de aquellos libros de texto. Sospecho que
tampoco el ministro Wert se ha molestado en informarse por sí mismo.
En España el poder económico-político-militar y el poder religioso
institucional llevan siglos acostumbrados a dictar en exclusiva qué hay que
pensar y no pensar, leer y no leer, decir y no decir, hacer y no hacer.
Interpretan cualquier intento de formación ciudadana como “intromisión” y
“adoctrinamiento”, cuando son ellos los que han tenido durante siglos la patente de corso como entrometidos y
adoctrinadores. Niegan, de hecho, que los órganos competentes del Estado,
constitucionalmente aconfesional, puedan desempeñar una función formativa de la
juventud en el ámbito de lo público, también a través de una asignatura que se
imparte sin problemas en numerosos países del ámbito de la UE.
Ninguna institución o grupo privados
deberían haberse opuesto a la enseñanza de Educación para la Ciudadanía, pues
en ella se transmiten solo los valores y los principios esenciales existentes
en la Declaración Universal de los derechos Humanos de la ONU y en la
Constitución Española, así como su concreción legal y social que
democráticamente se han otorgado los españoles a través de sus representantes
en el Congreso y en el Gobierno.
La asignatura Educación para la
Ciudadanía responde a la necesidad de que la ciudadanía joven de una sociedad
tengan la oportunidad de conocer, reflexionar y debatir todos los elementos y
aspectos tocantes al ámbito de su ciudadanía en el ámbito local, nacional e
internacional.
Esta asignatura no comprendía
solo el marco de los datos y los conocimientos teóricos, sino también el de la
implicación personal y colectiva que conllevan los derechos y las obligaciones
fundamentales de todo ciudadano. Así como la asignatura de Ética responde a la
necesidad de reflexionar personal y críticamente acerca de los elementos
morales de cada individuo, de igual forma Educación para la Ciudadanía responde
a la necesidad de reflexionar personalmente y en grupo, crítica y fundadamente,
sobre todo cuanto implica ser
ciudadano libre y responsable en la ciudad, en la comarca, en la nación y en el
mundo.
martes, 7 de febrero de 2012
Carta a los "ayatobispos". ¡Cómo os calienta la temática de la intimidad carnal!
Artículo de Maruja Torres en El País.
http://www.elpais.com/articulo/portada/Queridos/ayatobispos/elpepusoceps/20120205elpepspor_1/Tes¡Sois la bomba! Sois unos petardazos. Sois la falla. Sois el incendio de Roma. Sois la hostia.
Todavía me siento conmocionada por la habilidad con que disponéis del espacio escénico en cuanto avistáis una mínima posibilidad de enrollaros el marabú, saltar a la pasarela y acaparar el foco. No caeré en la tentación de proclamar que todos los cardenales, arzobispos y obispos sois iguales -consciente como estoy de que los hay notablemente peores-, pero sí me precipitaré en la de confesaros que me fascina vuestra perseverancia. A propósito, si me entrego al tuteo es porque, en este caso, el tuteo tiene razones que el corazón no entiende, como detallaré más abajo.
Por el momento, dejadme seguir alabando vuestro sentido de, por ejemplo, la imitación. Como los asesinos de mujeres, o como los suicidas, que se entusiasman los unos a los otros al contemplar, al enterarse de lo que han hecho, los ayatobispos debéis de experimentar el gusanillo de la emulación, y os emuláis, pues, los unos a los otros, que da gloria, en las declaraciones sobre el sexo y las costumbres privadas. No falla nunca: sale un obispo, y poco después le refuerza un arzobispo. O declama un cardenal, y acto seguido saltan los coros de hombres píos.
Y cómo os calienta la temática de la intimidad carnal. ¿Es porque no la catasteis? Porque no será por principios. De sobra sabéis que el dios que predicáis -el del amor al prójimo-, si existiera, os habría hecho butifarra hace ya un par de milenios.
Siempre me ha fascinado vuestra ansiosa necesidad, la compulsión que sentís de meter baza en los asuntos sexuales de la gente. ¿Es vuestra forma de practicar el sexo? ¿Es vuestra versión del sexo oral? Posiblemente, pero debo deciros que resulta repugnante enfocar -aunque la prefiero a que os entreguéis a la pederastia, otro efecto contagio que os posee demasiado a menudo-, por ejemplo, un primer plano de los labios del obispo de Tarragona cuando, con sumo deleite, anatematiza a los gays, y se complace en negar derechos a las mujeres, y en hablar de partos -vosotros: ¡de partos!-, y en tratar al hombre (al tradicional suyo, no al verdadero: tranquilos) de chiquitín de la casa. Por todos los demonios, qué espectáculo tan asqueroso. Unos delgados, yertos, estériles labios opusinos, hablando de las cosas de la vida.
¿dónde os educan, de dónde salís? ¿En qué criadero os reproducís, criaturas mutantes que constantemente camináis hacia atrás, que os refociláis en el tenebrismo y que sólo entendéis el sacrificio de cintura para abajo y de libertad para arriba? ¿En qué lugar de vuestro organismo os colocan el resorte que hará que saltéis una y otra vez -retrocediendo, simultáneamente, a la oscuridad de los tiempos- para contarnos lo que opináis -vosotros, seres ociosos y empingorotados- de nuestras formas de vida? ¿Acaso el mecanismo se encuentra entre vuestras piernas, de ahí que os avise, con la frecuencia de la frustración, cuando oteáis que otros satisfacen su cuerpo de espaldas a vuestros anatemas?
Ésta es la carta que os dirige una mujer. Una simple mujer que ejerce el derecho a tutearos esgrimiendo, como razones, esos 13.266.216,12 euros que, durante todo este año, el Estado entregará mensualmente a la Iglesia católica, "a cuenta de la cantidad que deba asignar a la Iglesia por aplicación de lo dispuesto en los apartados uno y dos de la disposición adicional decimoctava de la ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007", según se determina en el Boletín Oficial del Estado número 315, del 31 de diciembre de 2011.
O sea: 13 millones, más un cuarto de millón, más 16.000, más 216 euros, más 12 céntimos. Al mes. De nuestros impuestos.
Los socialistas difícilmente son creíbles en materia de laicismo
Publicado hoy en Izquierda Digital
Tantas veces advirtió Pedro a los pastores de que venía
el lobo, que finalmente nadie le hizo caso y el lobo se merendó a unos cuantos
pastores y labriegos. Tantas veces vienen diciendo los socialistas (cuando
están en la oposición y nunca cuando están el poder) que van a revisar los
acuerdos con el Vaticano que cuando los candidatos a la secretaría general del
PSOE (Chacón y Rubalcaba) anuncian en el Congreso de Sevilla sus intenciones de
revisar dichos acuerdos, mueven principalmente al escepticismo y al cachondeo,
pues ya no resultan creíbles.
Rubalcaba,
Chacón –miembros del anterior gobierno socialista- y el PSOE en general acaban
de estar ocho años seguidos en el Gobierno de España. No solo no han reformado
nada o han planteado la conveniencia de caminar hacia un Estado laico, sino que
se ha visto aumentado (0,7%) el tanto por ciento de la casilla de la Iglesia
Católica en la Declaración del IRPF, no se ha hecho el menor intento de derogar
el Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el
Estado del Vaticano, la Iglesia Católica, lejos de cumplir su compromiso de
autofinanciación, ha recibido anualmente más de 13.000 millones de euros y se
sigue impartiendo religión y moral católicas en los centros públicos de
enseñanza en horario lectivo.
Rubalcaba, Chacón –miembros del gobierno socialista- y
el PSOE en general, lejos de fomentar un Estado aconfesional, contribuyeron
directamente a que el resto de las confesiones religiosas disfrutaran de no
pocos de los privilegios de la Iglesia Católica (capellanes en cuarteles,
hospitales, cárceles, enseñanza religiosa en la escuela pública, etc.), de tal
forma que el socialismo español hizo del país un país multiconfesional, en vez
de aconfesional. Incluso cuando había que hablar con los obispos, la comisión
socialista-gubernamental iba encabezada por los miembros más proclives y
afectos a su catolicismo practicante (por ejemplo, la vicepresidenta Fernández
de la Vega o el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui).
Rubalcaba, Chacón –miembros del gobierno socialista- y
el PSOE en general no son creíbles en materia de reivindicación de la
aconfesionalidad del Estado. Financiaron cuantos viajes a España tuvo a bien
hacer el señor Ratzinger y se postraron a sus pies. Tumbaron en el Congreso una
Ley de Muerte Digna o una Ley de Libertad de Conciencia. Asistieron a misas en
calidad de sus cargos, fueron a procesiones, mantuvieron símbolos religiosos en
lugares públicos y juraron públicamente defender dogmas religiosos. Ni un solo
cargo gubernamental socialista movió un solo dedo para criticar, oponerse o
denunciar estos hechos.
Rubalcaba proclamó en su discurso en Sevilla como nuevo
secretario general del PSOE que tiene intención de revisar
"seriamente" los acuerdos con la Santa Sede, si bien lo condiciona a
que ”la derecha continúe cuestionando los pactos básicos de estos 30 años”. Es
decir, en román paladino: todo está bien como está, pero le parece demasiado
que el PP toque algunas cosas, como Educación para la Ciudadanía o la ley del
aborto. Con ello pone de manifiesto que sus convicciones laicistas son bastante
endebles, pues un Estado laico y aconfesional es un punto de referencia
constitucional absoluto y no depende de lo que hagan unos u otros.
Previamente, la candidata Carme Chacón había proclamado
en tono mitinero que su propuesta es “una sociedad libre de tutelas
confesionales, con separación clara entre la esfera pública y las creencias
privadas". Y es que desde la debacle socialista en las últimas elecciones
municipales, autonómicas y generales, son muchos integrantes de esas filas los
que, cual Saulo de Tarso, parecen caídos de su caballo, fulminados por un rayo
divino, convertidos a ideas y proclamas que no osaron ni siquiera mencionar
mientras estaban en el poder.
Incluso Chacón se deja llevar por la emoción, y
manifiesta su hartazgo confesional recién expresado: "Un país laico,
compañeros", dijo. "Llevamos
30 años aguantando demasiado. Un país laico con todas sus consecuencias".
Por ejemplo, entre tales consecuencias, que las Fuerzas Armadas no tengan un
arzobispado castrense ni vicariatos castrenses ni catedrales castrenses ni
ceremonias religiosas castrenses ni capellanes castrenses ni fiestas religiosas
castrenses, y un sinfín de elementos confesionales más que la ministra Chacón
en ningún momento de su mandato osó poner mínimamente en cuestión.
Es para ponerse a reír o a llorar.
lunes, 6 de febrero de 2012
domingo, 5 de febrero de 2012
Incómodo pasado, por J. Casanova
Publicado hoy en El País
La muerte
de Manuel Fraga y el juicio al magistrado Baltasar Garzón por la investigación
de los crímenes del franquismo han sacado de nuevo de la oscuridad a los
fantasmas del pasado. Por un lado, la constatación de lo difícil que resulta en
la sociedad española tener una mirada libre hacia las experiencias traumáticas
del siglo XX, recordar para aprender. Por otro, la incomodidad que produce a
muchos el recuerdo de la violencia franquista, ejercida desde arriba, durante
40 años, por el nuevo Estado surgido de la sublevación militar y de la Guerra
Civil, que puso en marcha mecanismos extraordinarios de terror sancionados y
legitimados por leyes hasta la muerte del dictador. Más de un año después, allí
estaba todavía el Tribunal de Orden Público (TOP), disuelto finalmente por un
decreto ley de 4 de enero de 1977.
La muerte
de Fraga y el juicio a Garzón constatan lo difícil que resulta recordar para
aprender
Con la
muerte de Manuel Fraga la mayoría de los medios de comunicación nos regalaron
la vista y el oído con unas cuantas horas de música celestial. El disco solo
tenía cara A: hombre de Estado, político extraordinario, uno de los más
importantes del siglo XX español, padre de todo lo bueno que puede exhibir la derecha
actual en el poder. Pocos hicieron sonar la cara B, la otra cara del mismo
disco, inseparable, compuesta con anterioridad, cuando la música tenía un solo
director. Puede verse en los libros de historia, aunque únicamente en aquellos
que no usan y abusan de ella para conformar o legitimar el presente a su gusto.
Fraga fue
ministro de Franco, desde 1962 a 1969, y ministro del Gobierno de Arias Navarro
que se formó tras la muerte de su caudillo, desde el 12 de diciembre de 1975
hasta el 1 de julio de 1976. Nunca fue ministro con la democracia. Su autoridad
nació de la dictadura y tuvo después en sus manos durante unos meses, como
ministro de Gobernación, todo el aparato represivo intacto, ese que cargaba en
las calles contra los manifestantes, detenía y encarcelaba de forma arbitraria
y sin garantías, torturaba en los cuarteles y comisarías y, si hacía falta,
disparaba mortalmente a los trabajadores, como en Elda, Tarragona, San Adrián
de Besós, Basauri o en el asalto policial a la iglesia vitoriana de San
Francisco de Asís, una masacre que dejó cinco muertos y decenas de heridos. Y
todo ello en apenas medio año, donde quedó al descubierto el talante reformista
de los franquistas sin Franco, cómo trataban a opositores y huelguistas,
"desórdenes callejeros" los llamaban, y la impunidad de las fuerzas
armadas.
La
historia de Europa del siglo XX proporciona abundantes ejemplos de políticos
que transitaron desde las dictaduras a las democracias. Ocurrió en los países
dominados por los fascismos hasta 1945, por el comunismo hasta 1989 y en
Grecia, Portugal y España tras 1974-1975, los únicos lugares del continente
donde seguían en pie dictaduras salidas del firmamento político de la
ultraderecha.
Fraga no
fue, por lo tanto, un caso excepcional ni caminó solo por la pedregosa senda
que conducía del autoritarismo a la libertad. Y como otros muchos compañeros de
viaje, tampoco tuvo que quitarse el caparazón franquista para distanciarse de
los sectores más inmovilistas y participar en el cambio político.
En
noviembre de 2005, 30 años después de la muerte del dictador, o 27 desde la
aprobación de la Constitución, de la que dicen que fue uno de los padres, en
una entrevista publicada en Corriere
della Sera, hacía una desaforada defensa de Francisco Franco y de su régimen
político, recordando a los italianos las excelencias del que fue durante tanto
tiempo su jefe y los enormes beneficios que su sistema de gobierno ("ni
fascista, ni totalitario") dejó a todos los españoles.
Una
explicación de ese tipo puede causar sonrojo, cosas de don Manuel, del hombre
de Estado. Ocurre, sin embargo, que se refiere a una historia real de
asesinatos, tortura y violación sistemática de los derechos humanos, que
destruyó a familias enteras e inundó la vida cotidiana de miedo, humillación y castigo.
Y todo eso, además de las circunstancias de la muerte y paradero de decenas de
miles de víctimas, es lo que intentó investigar Baltasar Garzón, juzgado ahora
por la Sala Penal del Tribunal Supremo, ante la indiferencia y el desprecio de
muchos, hacia él, hacia las víctimas y hacia todos aquellos que quieren
honrarlas.
Fraga tenía
poderosas razones para pensar eso de la dictadura de Franco, antecedente
necesario de la democracia, a la que él tanto dio, como nos ha recordado la música
orquestada por sus seguidores ideológicos y de partido. Y así, a través de imágenes
autocomplacientes, libres de zonas oscuras, jaleadas por los medios de
comunicación más afines, dicen que esa historia, no otras, ya es pasado y hay
que mirar al futuro. Mientras tanto, el Diccionario
Biográfico Español de la Real Academia de la Historia insiste en que el régimen
franquista, tenía razón don Manuel, no fue "fascista ni totalitario".
Y las políticas de gestión de la historia y memoria de ese pasado violento
desaparecen con la excusa de la crisis, arrinconadas por los nuevos
gobernantes. Y Garzón en el banquillo.
Julián Casanova es
catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
jueves, 2 de febrero de 2012
miércoles, 1 de febrero de 2012
Intereses creados y ley del aborto
Publicado hoy en El Periódico de Aragón
17 de octubre de 2009. Sábado soleado. Una gran multitud se manifestaba
por las calles de Madrid contra la ampliación de la ley del aborto (se trataba
de cambiar la ley de supuestos de 1985 por una ley de plazos que declara el
derecho de la mujer a decidir y no la abandona en la inseguridad y la
incertidumbre jurídicas). Allí se dieron cita Aznar (que justificó su presencia porque está “a favor de la
vida”), Aguirre, Cospedal y medio centenar de diputados
y senadores del PP “a título personal”, flanqueados y bendecidos por obispos y
arzobispos católicos.
Pidieron al Gobierno que escuchase “el clamor de la calle”, y corearon
lindezas tales como “España unida, lucha por la vida” y simplezas
argumentativas como “Vida sí, aborto no”. Días antes, la Conferencia Episcopal
Española había declarado que “un país que mata a los suyos es un país sin
futuro”. Políticos y clérigos olvidaban conscientemente que, mientras los
grupos ultra convocantes y los manifestantes exigían la abolición del aborto, durante
los ocho años de mandato de Aznar (1996-2004) se habían producido 500.000
abortos y, sin embargo, ni se había tocado la ley de 1985 ni salieron a la calle
a manifestarse.
A la hipocresía de políticos, eclesiásticos y organizaciones que solo
parecen querer protestar cuando los suyos no están en el gobierno, se une la
simpleza intelectual de plantear cuestiones capciosas como si fuesen la clave
de la salvación del orbe: “¿está usted a favor de la vida?” equivale para esa
gente a que asentir a la pregunta significa pertenecer a sus filas, de tal
forma que desmarcarse de sus posiciones es equiparable a estar a favor ¡de la
muerte!. Lamentablemente, hay personas que necesitan simplezas de ese calibre
para creerse justificadas y combatir al maligno. Hay personas cuyos
razonamientos saben moverse solo entre blanco-negro, bueno-malo, vida-enemigos
de la vida. Algunos políticos y eclesiásticos se sirven de tales planteamientos
capciosos en su propio beneficio.
El PP, un mes después de llegar al Gobierno, vuelve a tropezar con la
misma piedra. El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, anunciaba la semana pasada que los conservadores quieren
hacernos regresar a la Ley del Aborto de 1985, acabando con la posibilidad de
interrumpir libremente el embarazo en las primeras catorce semanas de
gestación. Se da vía libre al populismo, ignorando así conscientemente que los
países europeos con menores tasas de abortos (Austria, Grecia, Croacia, Suiza,
Bélgica, Alemania. Holanda, Francia, Reino Unido) tienen ley de plazos.
Gallardón mezcla “la defensa del derecho a la vida” con la necesidad del
permiso paterno para abortar de las embarazadas de 16 y 17 años, pero en realidad
conduce a la mujer al angosto planteamiento de la violación, de las posibles
graves taras físicas o psíquicas del feto, o la confusa y difusa necesidad de
probar que continuar con el embarazo acarrea un grave peligro para su vida o su
salud.
No obstante, introduzcámonos por unos momentos en la maraña de
planteamientos capciosos, apliquemos su lógica sin matices. Si la doctrina
católica oficial dictamina que el aborto, en cualquiera de sus modalidades y
supuestos, es un crimen, un delito contra la vida, ¿los obispos católicos
volverán a convocar manifestaciones multitudinarias, fletarán autobuses,
invocarán el “clamor de la calle” para abolir la lay del aborto de 1985, al que
el PP quiere regresar y desde el que ya ha estado gobernando durante ocho años?
¿Veremos criticados y denunciados en la calle a los ministros del Gobierno de Rajoy por mantener una ley del aborto
que permite decenas de miles de interrupciones del embarazo cada año? ¿Seguirán
“aconsejando” las hojas parroquiales, las alocuciones episcopales y las cartas
pastorales votar a aquellos partidos “que defienden la vida” y no votar a los
que mantienen cualquier ley del aborto? ¿Qué nuevos subterfugios y artificios
tendrán que inventar para seguir incitando a su rebaño a votar al PP? 500.000
abortos o la guerra de Irak no les impidieron sostener, por acción u omisión,
al Gobierno Popular de Aznar. Seguramente, más abortos, más paro, más
corrupción solo les moverán al silencio durante el Gobierno de Rajoy.
Hace unos años, Forges
publicaba una viñeta donde dos paseantes comentan las noticias de la prensa.
Uno lee: “El Vaticano lanza los 10 mandamiento para los conductores”. El otro
comenta: “Stupendo, ¿y los 10 de los banqueros? Por ejemplo”. Bajo el disfraz
de moralidad, se esconden la hipocresía y los intereses creados de sus voceros.
Tras los fuegos de artificio de los lemas populistas, queda oculta la cruda
verdad de los hechos. Si los obispos se oponen al aborto, que lo hagan siempre
y no dependa del acompañante. Y de paso, que no omitan que los bancos y las
grandes empresas, financiadores, por ejemplo, del 50% de la última visita de Ratzinger a Madrid, han llevado a esta
tragedia humana y ciudadana, a esta estafa mundial, llamada eufemísticamente
“crisis económica”.
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