La semana pasada, el primer ministro italiano, Mario Monti, declaró que
"los jóvenes se tienen que acostumbrar a la idea de no tener un
puesto de trabajo fijo para toda la vida", pues, según él, es algo
“monótono”. Cual lluvia sobre mojado, la ministra italiana de Interior, Anna María Cancellieri, ponía la guinda
en el pastel, diciendo que los italianos están "aferrados a un empleo fijo
en la misma ciudad y cerca de mamá y papá". Probablemente, Monti y
Cancellieri están muy contentos con la “monotonía” de tener ininterrumpidamente
suculentos y relevantes puestos de trabajo, pero pretenden desconocer que no hay banco que conceda un crédito
si no se le garantiza una permanente seguridad en sus fuentes de ingreso, y que
es imposible planificar a medio plazo la vida personal, familiar y social sin
esa “monotonía” laboral, tan denostada por Monti y Cancellieri.
En ese mismo espíritu, el pasado viernes el Gobierno español aprobó
por decreto-ley la “Reforma Laboral”, exigida insistentemente por Bruselas, el
FMI, el Banco Mundial y todas las grandes empresas y entidades financieras que
encarnan la ideología neoliberal. Rajoy
prometió antaño que la “reforma” iba a solucionar el problema del paro y crear
una catarata de puestos de trabajo. Sin embargo, tras leer el texto de la
“reforma laboral” queda meridianamente claro solo que el despido va a ser más
barato y sencillo, y que han sido recogidas ampliamente todas y cada una de las
demandas del empresariado.
De hecho, en la “reforma” todo queda en manos del empresario: despida
y contrate usted a discreción, que nosotros, los gobernantes le facilitamos la
tarea. Sin embargo, un empresario, lejos de ser una ONG, solo contratará si y
solo si conviene a los intereses de su empresa y si con ello va a obtener
mayores beneficios; un empresario tendrá el mínimo número de trabajadores en su
empresa, con tal de que quede garantizado su funcionamiento según sus
intereses; un empresario despedirá a cuantos trabajadores sea necesario si con
esos despidos se eliminan posibles pérdidas y se aseguran los beneficios.
Ante este panorama, el Gobierno, por mediación de su ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez, se lo ha puesto al
empresariado como a Felipe II:
decreta una rebaja generalizada del coste del despido, se flexibilizan las
causas para que el empresario pueda acogerse a la vía del despido procedente
(reducido a veinte días por año trabajado), se puede despedir por causa
justificada cuando se aduzca "pérdidas actuales o previstas" o
una "disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos",
etc. ¿Y qué hay de la creación de empleo?
Para emprender, un empresario necesita dinero y créditos razonables por
parte de las entidades financieras. Estas han recibido del dinero público cerca
de 200.000 millones de euros, que no han destinado a la economía real y de
producción, sino a tapar agujeros, maquillar basura y especular. Y sin dinero
no hay inversión ni empleo ni nada de nada, salvo la realidad del trabajador
cada vez más esquilmado y la del parado cada vez con menos salidas.
Respecto del paro juvenil
(con una tasa de desempleo del 48%), el Gobierno prevé un contrato que incluye
una rebaja de los costes laborales de 3.000 euros para las empresas de menos de
50 trabajadores al contratar al primer trabajador de menos de 30 años, que
podrá seguir cobrando el 25% del paro, mientras que el empresario no pagará el
50% de la prestación. C’est tout. ¿Algo más sobre creación de empleo?
El Gobierno establece una ayuda de 4.000 euros para quienes
contraten a parados de larga
duración, las agencias de trabajo temporal pueden funcionar como agencias de
colocación y los contratos indefinidos quedarán sustituidos cada vez más por
trabajos temporales. Tiene razón la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando afirma que esta reforma “marcará
un antes y un después del mercado laboral”: supone una palmaria regresión a
épocas pasadas, consideradas harto superadas.
Paralelamente, el Gobierno, en su presunto plan de crear empleo, no habla
de combatir la economía sumergida, el fraude fiscal, las operaciones en
paraísos fiscales del 86% de las empresas del Ibex 35, o de instaurar la
regulación de las transacciones financieras, una mayor carga impositiva para
los que más tienen o una redistribución más equitativa de la riqueza y la renta
existentes en nuestro país. Este es la verdadera vía para crear empleo, pero el
Gobierno ni la roza.
Estamos siendo víctimas de un golpe de Estado global por parte de los
poderes económicos y financieros que, invocando la ideología neoliberal, se
proponen que la mayor parte de la población mundial esté compuesta por una mano
de obra barata, con recursos cada vez más limitados y precarios, y totalmente
dependiente de los intereses y dictados del poder económico y los medios de
comunicación (cada vez en mayor medida, medios de propaganda). La “reforma
laboral” decretada por el Gobierno español es una contribución más a este
proceso.
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