¿Hay vida después del 29-M?

A publicar mañana en El Periódico de Aragón

 

El otro día, en tierras extremeñas, un hombre me contaba en la estación ferroviaria que una entidad bancaria había engañado a su madre, severamente demenciada, al aconsejarle meter sus ahorros de toda la vida en un agujero negro financiero que, tras rutilantes promesas de rentabilidad y disponibilidad, la había dejado esquilmada hasta 2019. A la vez confesaba que no le cabía ninguna posibilidad de sumarse a la huelga general del 29 de marzo. Pocos años antes, era representante de una buena marca de azulejos en la región, pero en la actualidad debía sostener económicamente a los miembros de las cuatro generaciones familiares que habían terminado viviendo en su casa. Era, pues, uno de los abuelos a los que les tocaba sostener a toda la familia.

Horas después, ya en la madrileña estación de Atocha, una mujer de edad madura me atendió con gran amabilidad hasta dejarme acomodado en el tren. Me contó asimismo que siete miembros de su familia (hijos y nietos), sin trabajo y sin recursos, se hacinaban en su minúsculo piso de Fuenlabrada, viviendo de sus 740 euros mensuales. Había recibido recientemente comunicación de desahucio de su vivienda, pues obviamente no podía pagar la hipoteca. Aquella mujer, desesperada y hundida, acabó finalmente por soltar una retahíla de reproches contra los políticos y sobre todo contra los sindicatos, lo que me llevó a pensar en mis adentros que en ella había calado bien hondo el mensaje de que ellos eran los únicos culpables, ignorando de paso que los principales canallas de esa historia de pesadilla son las grandes empresas y las entidades financieras que han diseñado y perpetrado este desaguisado conocido comúnmente como “crisis económica”.

Pensé durante el viaje en los millones de parados y de personas que, llegadas al otoño de sus vidas, viven en la zozobra del posible despido, del oscuro desempleo.  Recordé también a tantos muchachos y muchachas con la mochila repleta de curriculums que van repartiendo por empresas y oficinas, sin éxito ni respuesta en buna parte de los casos. Les hemos pedido esfuerzo y trabajo, cursos de idiomas, masters, conocimientos de todo tipo y condición. Ahora ellos piden (¿cuándo empezarán a exigirlo por las buenas o por las malas?) trabajo digno y estable, pero el posible puesto de trabajo contemplado en la Reforma Laboral del Partido Popular es precario, mal pagado y a merced de los intereses del dueño o del gestor o del capataz de la empresa. Algunos de ellos quisieran hacer huelga, pero es imposible hacer huelga sin trabajar. En todo caso, se limitarán a seguir maldiciendo y protestando por esta estafa mundial y autóctona que, de hecho, les esta privando de sus derechos constitucionales y humanos elementales (trabajo, vivienda, sanidad, educación, vida digna, igualdad…).

Vienen los alfiles y los peones del PP proclamando que con su anteproyecto de Ley de Trasparencia quedarán inhabilitados hasta 10 años los cargos que falseen u oculten datos, pero todo puede quedar en agua de borrajas al condicionar el posible delito a que se haya cometido “a sabiendas y de forma idónea para causar perjuicio económico” a la Administración “o a su calificación“, lo que, de hecho, significará que el delito y la lay apenas si tendrán aplicación, cuando convenga. Para colmo, aclara la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que la transparencia no tiene nada que ver con el Rey y la Casa Real. En esos mismos momentos, mientras hablaba la vicepresidenta, pudo oírse una enorme explosión en todo el país: el principio de igualdad, por enésima vez, había saltado por los aires.

Los sindicatos convocantes de la huelga general del 29-M, fieles cumplidores de la ley, han acordado con Fomento los servicios mínimos para la jornada, lo cual es muy legal, pero a la vez chirriaría en los oídos de muchos de los trabajadores que han hecho huelga en España, Europa y el mundo a lo largo y ancho de los siglos XIX y XX. Habiendo recorrido solo el camino del diálogo y la negociación, seguramente trabajaríamos hoy un mínimo de diez horas diarias, seis días a la semana, en condiciones bastante más precarias, sin vacaciones ni servicios sociales. Y es que los derechos laborales y cívicos no se han ido arrancando de las manos del poder sobre todo a base de normas y reglamentos, pactos y negociaciones, sino principalmente poniéndolo en trance de elegir entre ceder razonablemente a las peticiones de la mayoría de la ciudadanía trabajadora o que sus intereses se vean  real y finalmente perjudicados.

¿Hay vida después del 29-M para los grupos políticos y los sindicatos? Sigue dependiendo de ellos, y de las posibles fórmulas de lucha alternativas, no-violentas, que decidieren poner en marcha. Por el momento, deben tomar buena nota de las recientes elecciones andaluzas y asturianas: más de la mitad del electorado ha preferido quedarse en su casa.