viernes, 3 de agosto de 2012

Dos milagros en la Mezquita de Córdoba


La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I.
 Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica
inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad
número cuatro de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198).  El
trámite costó apenas 30 euros. Tal robo fue posible por dos milagros.

El primero, que José María Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la Iglesia, sin necesidad de notario.

 El segundo milagro fue que, disponer de un edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.

La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso que el está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los turistas porque haya, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior. Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los pagamos todos. 
Desde 1998, la Iglesia ha inscrito a su nombre cientos
de edificios, muchos de ellos financiados por los vecinos de cada
pueblo o ciudad.
 Zapatero no cambió la ley en ocho años, Rubalcaba prometió reformarla en su programa electoral.
 Es improbable que tal abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero.
Este privilegio medieval nos cuesta 3.000 millones de euros al año:
más o menos lo que el Gobierno del Partido Popular pretende ahorrarse este año bajándoles el sueldo a maestros, médicos y otros funcionarios.

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