Otro suicidio, otro crimen

Puedo hacerme cargo de los difíciles días previos a su muerte. Muy especialmente, la última noche, solo, rumiando un plan oscuro y sin retorno. Su vida era pura negrura y seguramente sus manos temblaban mientras aseguraba los nudos de la cuerda con que acabaría su vida. No podía pagar la hipoteca y aquella misma mañana iban a desahuciar su vivienda, donde más tarde coincidieron los policías encargados de ejecutar la orden de desahucio con los policías alertados por la persona que halló su cadáver sobre las nueve de la mañana. Ocurrió en Granada, en un país donde hay tres millones de viviendas vacías. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”, así empieza la Constitución Española de 1978. Y las carcajadas provenientes de las tripas del Ibex 35 atruenan en el país entero.

La noticia parece un “deja vu”, pues anteriormente un hombre en paro decidió ahorcarse en un parque de Hospitalet de Llobregat tras recibir una semana antes una orden de desahucio del piso vacío de protección oficial que había “okupado” con su mujer y su hija.

Algo parecido había ocurrido en abril de 2012, cuando Dimitris Christoulas, un farmacéutico griego de avanzada edad, se suicidó disparándose un tiro en la cabeza como protesta por su situación personal y la de su país entero provocada por la crisis económica y la brutal deuda externa griega, considerada deuda odiosa o ilegítima.

Hoy, apenas despierto, he notado la misma vergüenza con la que me acosté anoche. Tres muertos, tres suicidios, y centenares de miles de gente depauperada, desahuciada, privada de derechos personales y sociales fundamentales y de los recursos mínimos para ganarse la vida dignamente. También millones de ciudadanos europeos en manos de la desalmada rapiña de los poderes económicos y financieros, verdaderos amos del mundo; un mundo donde 2.800 millones de personas viven con menos de dos euros al día, 1.000 millones no tienen acceso al agua potable y 30.000 seres humanos mueren diariamente por causas relacionadas con la malnutrición.

Las empresas financieras especuladoras, que irresponsablemente causaron este enorme desaguisado español, europeo y mundial, dejan material y literalmente en la calle a quienes no pueden pagar su hipoteca, se quedan sin objetivo alguno con la vivienda vacía, y reciben la ayuda de decenas de miles de millones de euros, que pagamos toda la ciudadanía, para “sanear” sus pufos. Se amparan en la ley, como si la ley no la hubiesen puesto ellos mismos y sus sicarios políticos. Se lavan las manos hipócritamente ante cada drama, cada desgarradura personal y familiar, cada muerte, cada suicidio.

Quieren hacernos creer que la deuda bancaria es pública y es del Estado, que una deuda ilegítima y odiosa puede hacerse convertirse en soberana, para futura desventura de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.

El día en que las generaciones futuras lean qué pasó en las dos primeras décadas del siglo XXI y la pasividad con que el pueblo fue asumiendo desmán tras desmán como si la cosa no fuera con ellos; el día en que se enteren de que unos seres humanos, asfixiados por la desesperación, decidieron suicidarse por no poder pagar su vivienda, seguramente nos equipararán a todos esos ciudadanos y ciudadanas que vieron tras las rendijas de las persianas de sus casas los crímenes perpetrados en 1934  por el régimen nacionalsocialista en la Noche de los Cuchillos Largos.