lunes, 21 de octubre de 2013

Sentimientos, razón, ley y la doctrina Parot

Una polvareda de imprecaciones de todos los colores ha levantado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha tumbado la doctrina Parot sobre la aplicación irregular de penas a la etarra Inés del Río, sentencia que seguramente se hará extensiva a casi un centenar más de reclusos de ETA y otros más comunes.
El Tribunal entiende que no es legal la retroactividad en la aplicación de penas previstas en una ley posterior a la comisión de un delito. En otras palabras, corrige la práctica penal de un Gobierno, el español, sin una suficiente base legal y jurídica. Es obvio que a no pocos les ha disgustado la sentencia, especialmente entre las filas de los familiares de víctimas del terrorismo, pero una cosa es su comprensible disgusto y otra bien distinta la confusión en la que la derecha mediática – y no tan derecha- ha pretendido sumergir a la población, a base de  ventilar a discreción gruesos y capciosos tópicos y remover vísceras, al margen de la razón legal. Lejos de hacer algo ilegal, lo que realmente ha hecho  el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido devolver unos hechos a sus debidos cauces legales.
Personalmente, me sorprende también sobremanera que ni los medios ni las asociaciones ni los partidos metidos en toda esa feria hayan abierto la boca en otros asuntos, seguramente mucho más rayanos en el pantano de la a-legalidad institucional del Estado. Por ejemplo, la aplicación sistemática del indulto por todos y cada uno de los Consejos de Ministros de todos y cada uno de los Gobiernos de la nación desde la denominada y malograda Transición democrática, con la única sin-razón aducida de que el Gobierno no tiene obligación de justificar o dar explicaciones de los motivos y fines contemplados en cada indulto.
Así, por ejemplo, el Gobierno de Suárez aplicó 410 indultos; Calvo Sotelo, 878; González, 5.944; Aznar, 5,948; Rodríguez Zapatero, 3.378; Rajoy, en lo que lleva de mandato, 468. Aznar batió el récord en personas indultadas/día; 2,04. No es mi intención comparar o equiparar delitos o delincuentes, sino solo poner de manifiesto que el escándalo o la repulsa institucional y/o mediática tienen varas de medir muy diferentes, según también  intereses políticos y económicos bastante espurios. Puede poner su mano en el fuego sin quemarse quien asegure que una gran parte de esas personas indultadas pertenecen a la clase social acomodada o muy acomodada, al núcleo o a las periferias relevantes del poder, etc. Como botón de muestra archiconocido, el indulto que el Consejo de Ministros socialista regaló a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander.
Leo asimismo con estupor que el Ministerio de Justicia distinguía el 10 de octubre pasado en la primera edición del Premio Justic 2013 a un sistema telemático de embargos judiciales (“Proyecto de Sistema Telemático de Embargos Judiciales”) impulsado por el Banco Santander por su "eficiencia" y “simplificación organizativa” para procesar gran cantidad de información y agilizar las comunicaciones entre los juzgados y las entidades financieras. Componían el jurado íntegramente representantes del Ministerio de Justicia.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo se manifestaba y administraba paraguazos a cargos públicos cada dos por tres durante gobiernos socialistas. Ahora, al igual que los obispos hispanovisigóticos y sus huestes defendiendo la familia, la vida y la transubstanciación eucarística si se terciaba, ya no se les ve el pelo. 
(¿Escribirán los obispos una Carta sobre el perdón de los enemigos y poner la otra mejilla?  ¿Afirmarán, como hicieron con el último Gobierno Socialista, que el actual Gobierno está socavando los cimientos de la democracia?)





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