domingo, 31 de marzo de 2013

La revolución bergogliana en el Vaticano



 

Sorprende la profusión de noticias generadas acerca del vestuario y del atuendo de Jorge Bergoglio, también conocido en el mundo católico como Papa Francisco. Bergoglio es presentado como un héroe por haber cambiado el oro por la plata o los zapatos rojos por los negros que le arregla su zapatero de Buenos Aires (caros zapatos, en verdad, si por ellos se paga pasaje aéreo de ida y vuelta). Entretanto, sin salir de mi país, cambios más radicales se producen en muchas vidas humanas: gente que de la noche a la mañana se queda sin casa, sin trabajo, sin esperanza. Esa gente no puede cambiar ni oro ni plata por la sencilla razón de que no tienen oro ni plata, y además porque, de tenerlos, los cambiarían ipso facto por un montoncito de euros con los que sobrevivir. Esa gente jamás sale en los medios de comunicación ni es considerada héroe.
Otra heroicidad de Bergoglio es que su casquete (nada tiene que ver con la expresión castellana “echar un casquete”) no se parece ya al camauro (una especie de gorro rojo con un ribete blanco de pelo de armiño).  Lleva Bergoglio también un anillo de plata en lugar de joyas de oro (no se las pone, pero siguen siendo de su propiedad) y sus zapatos son negros y tienen cordones (al igual que cientos o miles de millones de seres humanos que no tienen ni se plantean tener otra modalidad de calzado). En otras palabras, Bergoglio ha realizado otro portentoso cambio en la moda vaticana: ¡no calza mocasines rojos, como sus predecesores! ¡Tampoco viste ya muceta roja! Para algunos medios de comunicación hispanos (por ejemplo, El País) eso constituye toda una ¡revolución!
El héroe revolucionario Bergoglio, no obstante, sigue siendo “cabeza visible” de la iglesia católica, Jefe de Estado y “soberano de la Ciudad del Vaticano”. Sospecho que estos títulos y materias no son ni serán objeto de revolución alguna. La saga de títulos continúa: sumo pontífice, vicario de Cristo, sucesor de Pedro y siervo de los siervos de Dios, además de recibir el tratamiento protocolario de “Su Santidad” (¿en tercera persona del singular?...).  Representa asimismo como máximo jerarca a la “Santa Sede”, que posee entidad jurídica propia, también a nivel internacional. Con todo ello, Bergoglio puede respirar tranquilo respecto de las insidias sobre algunos de sus actos y omisiones durante la dictadura militar argentina: posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como jefe de Estado del Vaticano.
Bergoglio, como Papa heroico, dispone también de otros superpoderes: por ejemplo, declarar a alguien santo (incluido Escrivá de Balaguer), declarar dogmas de fe de obligatoria creencia y desde 1870 ser infalible en materia de fe y moral. 
Creo que la revolución bergogliana tampoco conlleva el reconocimiento de una de las principales patrañas originarias de los Papas romanos: la “donación de Constantino”, un presunto decreto imperial apócrifo atribuido al emperador Constantino por el que se reconoce como soberano al Papa, donándole la ciudad de Roma, las provincias de Italia y todo el resto del Imperio romano de Occidente, creándose así el llamado “Patrimonio de San Pedro”, sobre el que se funda el inmenso poder y la inmensa riqueza de la iglesia católica en el  mundo desde el siglo IV. El humanista Lorenzo Valla demostró en 1440 que tal “decreto” era solo un fraude de la curia romana, uno más en la historia de la iglesia católica.
Supongo igualmente que la revolución bergogliana tampoco contempla la anulación del Concordato de 1953 y los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y el Estado del Vaticano, que incluyen cláusulas y privilegios claramente inconstitucionales en materia de cultura, educación, economía, finanzas, e intrusión confesional en cuarteles y hospitales.
Por último, es de esperar que la revolución bergogliana entre de lleno, entre otras cosas, en la fabricación y el comercio de armamento, la voracidad de los mercados financieros, la pobreza y la miseria reinantes en buena parte del planeta, la salud sexual de su clero a fin de que deje de perjudicar y abusar de seres inocentes, y, de paso, que el Vaticano deje de ser un paraíso fiscal y un centro internacional de blanqueo de dinero.




Ellos evaden, tú pagas


¿Por qué los obispos ya no salen a la calle?





La verdad es que es un misterio que no soy capaz de resolver. Mira que los echo de menos en las calles y por la madrileña Plaza de Colón, con sus pancartas (“No existe el derecho a matar”, “existe el derecho a vivir”, “defiende la vida”, “vida, sí, aborto, no”…), sus fieles vociferantes al unísono y numerosos dirigentes del PP a su vera. Antes daban colorido a algunos domingos primaverales y el frufrú de sus sotanas hacían competencia al trinar de los escasos pájaros supervivientes en las avenidas de la capital. Ahora no se dónde se han metido…
Por ejemplo, el obispo católico de San Sebastián, José Ignacio Munilla,  dedicaba su homilía del Viernes Santo a denunciar los abortos por considerarlos un "holocausto silencioso" y una "masacre de inocentes". Desconozco si se detuvo a pensar por qué las interrupciones del embarazo han aumentado un 22% en 2011 respecto de 2010 o sobre los motivos y circunstancias reales que llevan a la mujer a tomar libre y responsablemente esa siempre difícil decisión. Me consta solo que el obispo Munilla piensa que el aborto es "una especie de suicidio espiritual por parte de la propia mujer", lo cual es de una simpleza que pone de manifiesto la propia simpleza del obispo.
Sin embargo, como el señor Munilla y el colectivo del que forma parte piensan así, echo de menos que sigan manifestándose en la calle contra el aborto y a favor de la familia de toda la vida. En los ochos de mandato socialista, bajo la Presidencia de Rodríguez Zapatero, escribieron cartas pastorales, se manifestaron por las calles y plazas, y cuestionaron la calidad democrática y moral del Gobierno socialista, al que llegaron a acusar de fomentar una persecución laicista de la Iglesia. Hoy, callan. Hoy se quedan en sus palacios episcopales. Hoy sus cartas pastorales contra los gobernantes que permiten el “holocausto de inocentes” dormitan en el tintero. Y les echo de menos, la verdad. De ahí que no alcance a resolver el misterio de qué tendrán Rajoy, Aznar y todo el Partido Popular para tener tan calladitos a los señores obispos católicos. Los misterios del arcano  conservador son así: el servicio incondicional y multisecular a los señores del dinero permite que obispos y gobernantes compartan el mismo cordón umbilical por el que se nutren de los mismos favores y privilegios.
Pero no hablemos solo de iglesias y obispos, pues las mismas preguntas sin resolver envuelven, por ejemplo, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Antaño, con gobiernos socialistas, salían a la calle a repartir anatemas, paraguazos y banderazos a los dirigentes sociatas que promovían treguas y conversaciones con los terroristas, pero ahora hablan solo quedamente, en voz muy baja, casi en susurros, de las negociaciones, regímenes en tercer grado o acercamiento de presos de ETA por parte del Partido Popular. ¿Tendrá también la AVT y asimilados el mismo cordón umbilical de los señores obispos y los gobernantes del Partido de la gaviota, antes rampante, ahora plena del pringoso chapapote de la corrupción?
Nota final: como uno es así de descuidado, no llevo cuenta de los escritos y homilías episcopales sobre los seis millones de parados, los 11 millones de ciudadanas y ciudadanos bajo el umbral de la pobreza, los cuatrocientos mil desahucios ya perpetrados, la “reforma laboral” o las “reformas estructurales” del Partido de Rajoy y del PP. Un día de estos, lo mismo vemos al obispo Munilla y a los suyos en la Plaza de Colón o ante el Congreso de Diputados afeando la política gubernamental junto a los miembros del 15M o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Amén.


viernes, 29 de marzo de 2013

Hoy, por el imperio hacia dios

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Hoy, viernes que los católicos denominan “viernes santo”, se da en las ciudades españolas la eclosión de procesiones, cofradías, fanfarrias, tamborradas, y demás parafernalia.
Hoy es el día con que más fuerza resurge la España negra, que celebra la sangre, el dolor, el pecado, la redención, la culpa, los capirotes de los antaño condenados por la Inquisición, el ruido del pueblo que acompaña el ajusticiamiento.
Hoy una multitud se lanza a la calle a conmemorar (¿son conscientes de ello?) la crueldad de un padre que condena a la muerte a su hijo inocente para perdonar las culpas de terceros. Soy padre y cualquier cosa que hicieran mis hijos quedaría solventada con un beso y el perdón recíproco envuelto en cariño. Sin embargo, esa multitud se disfraza de vestidos tremebundos, se tapa el rostro y el cuerpo y se suma al rito del sadismo y el masoquismo divinos.
En el escudo de Aragón, en uno de sus cuarteles, “sobre campo de plata, vemos cuatro cabezas de moro, degollados, de sable (color negro) y encintadas (con diadema colgante) de plata”. Ahora se añade por las calles un ajusticiado junto a otros dos ajusticiados, recubiertos de sangre, latigazos y sufrimientos hasta la muerte. Ferocidad, saña, barbarie.
Los clérigos predican que murió “por nuestros pecados”. También por los pecados de un niño de unas pocas semanas al que bautizan para borrarle el “pecado original”. El timo de la estampita a golpe de tambor y custodiado por guardias civiles, soldados y policías, que pagamos todos y todas. El mito de la alienación de lo humano en aras de la voluntad de un dios vengador, invento de mentes inseguras y perversas..
Mi alcalde, hoy, en la calle, procesionando procesiones de muerte. Mis representantes políticos, lo mismo. Delirio del nacionalcatolicismo. La derecha que sumió a España en una charco infinito de sangre y dictadura se viste de manola, de cofrade mayor, de general, de custodio de los valores eternos de la patria. Por el imperio hacia dios.

Concentración ayer en plaza de España, Zaragoza

Ayer, 28 de marzo, jueves que los católicos denominan “jueves santo”, con media ciudad curioseando y tomando el aperitivo, en un día soleado, entre tambores, peinetas, municipales, cofrades…, seis personas nos reunimos en Puerta Cinegia, de Zaragoza, para seguir denunciando y reivindicando cívica y silenciosamente con nuestros carteles los recortes y los derechos d ela ciudadanía.
El próximo día, más. Te esperamos.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Chapapote confesional


PUBLICADO HOY EN EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

El año pasado conocimos que el pregonero de la semana santa en Alagón era el director de la Academia General Militar de Zaragoza, el general Francisco José Gan Pampols, a propuesta de las cofradías alagoneras por sus visitas al municipio “con motivo de su cargo”.  El señor Gan tiene pleno derecho a hacer efectiva su libertad de conciencia como desee, pero el general Gan, no: un cargo público no debe intervenir ni asistir a actos y ceremonias religiosas y confesionales en razón de su cargo.
Este año el Fiscal superior de Aragón, José María Rivera Hernández, será el pregonero de la semana santa de Tarazona. Igualmente, el señor Rivera tiene pleno derecho a ejercer su libertad de conciencia como desee, pero el Fiscal general de Aragón, no: los cargos e instituciones públicas, que forman parte del Estado, deben abstenerse de participar e intervenir, en razón de sus cargos, en actos y ceremonias de carácter confesional. Da la casualidad de que el Fiscal superior de Aragón es primo del actual Presidente de las Cortes de Aragón, José Ángel Biel Rivera, beneficiario del milagroso portento de ser el único diputado que ha permanecido en las Cortes de Aragón en todas las legislaturas. También es otra casualidad que el alcalde de Tarazona, Luis María Beamonte Mesa, sea también Presidente del PP y de la Diputación Provincial de Zaragoza. Como se ve, las redes sociales, por muy tupidas que sean, no existen solo en Internet.
Estos dos botones de muestra dejan patente que el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado está especialmente arrinconado en la denominada “semana santa”, si bien es extraño que haya una semana más santa que otras para un creyente, mientras que para el resto de la población, cada vez mayor en número, no lo es ninguna. Obispos, canónigos, corporación municipal, curas, monaguillos, cofrades, imaginería de todo tipo y condición, la Guardia civil del acuartelamiento de Casetas, mantillas, peinetas, cadetes, tambores, trompetas, Policía Local a caballo y a pie luciendo galas y plumeros, legionarios, ministros, devotos, penitentes y un sinfín de piezas más componen el abigarrado y heterogéneo  puzle denominado en nuestro celtibérico país “semana santa”.
Es obligado insistir en que cada ciudadano y cada ciudadana tienen el derecho de ejercer su libertad de conciencia (la libertad religiosa no es más que un caso más dentro del derecho de libertad de conciencia) del modo que consideren oportuno con tal de no dejar lesionados los derechos ajenos. Por ello y en consonancia con el principio constitucional de la igualdad de todos ante la ley, cada persona puede expresar su libertad de conciencia, religiosa o no, en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Nada pues que objetar a la celebración católica de su semana santa y a la expresión religiosa de los fieles católicos en esas fechas. Todo que objetar, sin embargo, a que las instituciones y cargos públicos del Estado participen, en razón de sus cargos, en actos confesionales: representan a todos por igual y no deberían conculcar el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado y sus instituciones.
Es inevitable, sin embargo, que en determinadas festividades haya unos vasos comunicantes entre lo religioso y lo civil, no perjudiciales para nadie. De hecho, es posible que a una considerable porción de participantes en las procesiones les mueva principalmente el interés por formar parte activa de las mismas desfilando con sus túnicas, tambores y capirotes, al igual que una treintena de bares y restaurantes zaragozanos invitan otro año más a la “ruta gastronómica de Tapas de la Semana Santa”, en alusión a la famosa Ruta del Tambor del Bajo Aragón.
Por la misma razón, el Gobierno de Mariano Rajoy, además de conceder diecinueve indultos con motivo de la semana santa, podría ayudar un poco menos a las entidades financieras con el dinero de todos y obligar también a estas a concertar la dación en pago de las viviendas hipotecadas de muchos miles de seres humanos, condenados hasta ahora a la incertidumbre y a quedarse en la calle. Por ejemplo, dos reclusos de Zaragoza han quedado indultados por la solicitud de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y Santo Sepulcro, de Zaragoza, y uno más a petición de la Hermandad de Jesús Atado a la Columna y Nuestra Señora de la Esperanza, de Teruel. ¿No es esto un claro ejemplo del chapapote confesional en que se hallan muchas instituciones del Estado, en este caso en el ámbito de una “justicia” impartida por el poder ejecutivo?
Con la que está cayendo, la zaragozana Hermandad de la Sangre de Cristo ha presentado las imágenes restauradas del Cristo en la Cama y la Virgen Dolorosa. La restauración ha costado 10.000 euros, de los que la Diputación Provincial de Zaragoza (Luis María Beamonte, ¿recuerdan?) ha aportado 8.614 euros.  Y mientras!, el alcalde Juan Alberto Belloch, flanqueado por los suyos, estos días a procesionar y todo lo que haga falta.

lunes, 25 de marzo de 2013

Lo que se puede esperar del Ayuntamiento de Belloch en materia de aconfesionalidad




El partido Chunta Aragonesista presentó en el último Pleno del consistorio zaragozano, presidido por el alcalde, Juan Alberto Belloch, una moción para derogar el actual Reglamento Municipal de Protocolo, Ceremonial, Honores y Distinciones, que, entre otras perlas, contempla la obligación de los concejales (artículo 13.1) de asistir a una serie de actos y celebraciones de carácter confesional (concretamente, católico): por ejemplo, la procesión del Santo Entierro (viernes santo), Corpus Christi, la misa el día del Pilar, San Valero, o el Rosario de Cristal. Según puede leerse en el blog del grupo municipal de CHA (http://www.elblogdecha.org/), el objetivo de la moción es “lograr que los miembros de la corporación no asistan como tal a actos de contenido religioso”. Dentro de la moción, insta a los “miembros corporativos”  “a no asistir como tales a la Procesión del Santo Entierro, sin perjuicio de su asistencia a título individual”.
Celebrado el Pleno, el Ayuntamiento de Zaragoza acordaba iniciar el expediente de modificación del mencionado Reglamento de Protocolo con el apoyo de CHA, PSOE e IU y el voto en contra del PP. Con respecto a la no asistencia de la corporación municipal, como tal, a la procesión del Santo Entierro (Viernes Santo), PSOE y PP han coincidido, una vez más, en rechazar tal posibilidad.
La postura del PP es coherente con lo que hasta ahora ha declarado y hecho. Sin embargo, quienes vemos incompatible y contradictorio que, por un lado, el Estado se declare aconfesional y la Constitución declare que ninguna confesión tendrá carácter estatal, y por otro, que sus instituciones y cargos públicos asistan e intervengan en calidad de tales en actos y celebraciones de carácter confesional, volvemos a toparnos con la indefinición y la vacuidad ideológica, cada vez más consustancial, del PSOE. Al PP, adicto y obediente a las consignas dictadas desde la Conferencia Episcopal Española, granero de votos tan numerosos como fieles, le viene de perlas sembrar profusamente la confusión entre laicismo y anticlericalismo, pero el PSOE es hoy solo un cúmulo de incoherencias ideológicas y prácticas.
No se trata ya de recordar la gesta socialista en el Ayuntamiento zaragozano de dedicar una calle de la ciudad a Escrivá de Balaguer o la vinculación de su cargo por parte del alcalde socialista a la presencia de su famoso crucifijo en el salón de Plenos del Ayuntamiento durante la celebración de las sesiones plenarias, sino a la sistemática postura del grupo municipal socialista en relación con la presencia de símbolos confesionales en los recintos públicos. Como simple botón de muestra, hace poco más de un año, otra moción de CHA para que el crucifijo de Belloch no presidiera los plenos municipales, obtuvo el apoyo de IU, el rechazo del PP, ¡la abstención! del PSOE y el ¡rechazo! del alcalde Belloch, una vez más votando en sintonía con la postura del Partido Popular.
Como acabamos de ver, la semana pasada volvió a votarse la moción de CHA sobre el Reglamento Municipal de Protocolo en algunos de sus aspectos claramente confesionales, y el PSOE apoyó la revisión de dicho Reglamento. Lo que parece un triunfo de la moción de CHA y de los partidarios de la aconfesionalidad puede ser solo un brindis al sol regado en una catarata de agua de borrajas: ni se dice qué se está dispuesto a revisar ni cuándo, pero, de momento, Belloch y el PSOE siguen obteniendo el apoyo de IU y CHA en el ayuntamiento, posponiéndose posibles desencuentros en materia de aconfesionalidad hasta otros momentos.
El PSOE ya no es de fiar, por ejemplo, en materia de aconfesionalidad. Ciñéndonos a la obligatoriedad de asistencia a actos religiosos por parte de los ediles zaragozanos, tal como lo declara el actual Reglamento de Protocolo, hasta ahora los concejales tenían solo la posibilidad –así sucedía, de hecho- de “escaquearse”: “no asisto, nadie me dice nada y asunto arreglado”. En el caso de revisar el Reglamento y eliminar tal obligatoriedad, el problema real para los concejales partidarios de la aconfesionalidad de las instituciones y cargos del Estado no es solo su coherencia individual o de grupo, sino su pertenencia a una institución que incumple sistemáticamente el principio constitucional de la aconfesionalidad del Estado.
¿Qué hacer, entonces? Considerando los precedentes del PP y del PSOE en materia de aconfesionalidad, los cauces normativos y reglamentarios vigentes no son suficientes ni eficaces. ¿Qué hacer? ¿Qué harán entonces esos concejales? ¿Lo que hasta ahora se han limitado a hacer? ¿Basta, por ejemplo, presentar una moción tras otra tendentes a conseguir la no presencia en el salón de plenos del crucifijo de Belloch  y después dejar que el transcurrir municipal en el Ayuntamiento zaragozano muestre ante los ojos de la ciudadanía ese símbolo confesional en un recinto público  perteneciente a una institución del Estado? Vi en El Periódico de Aragón esta fotografía, donde el portavoz de CHA en el Ayuntamiento escucha a una concejala del PP con el crucifijo de Belloch detrás, y la imagen me hirió los ojos y el alma. Se trata de la misma sesión donde CHA presentaba la moción de revisión del Reglamento de Protocolo en materia de aconfesionalidad.

La ciudadanía y los movimientos ciudadanos apuntan en otra dirección y  la lucha por una sociedad más libre e igualitaria debe caminar por otros derroteros. El laicismo ha de ser defendido y promovido no solo por asociaciones civiles y laicas, sino también por los grupos políticos mismos que participan de esas ideas y reivindicacione.  La lucha en la calle, en las plazas, en las asociaciones, en el bullir diario de la vida ciudadana no cristaliza principalmente en plenos votaciones y mociones (de hecho, condenadas  a priori por los intereses de los poderes que esquilman, estafan, recortan y alienan), ni tampoco en sostener la pancarta de cabecera de manifestaciones o asistir a concentraciones. ¿Cuándo los grupos políticos no solo apoyarán a los movimientos ciudadanos, sino que también se pondrán a la cabeza de esa lucha, de esa resistencia, de esa apuesta por una democracia más participativa de personas libres e iguales?





sábado, 23 de marzo de 2013

LA ENTIDAD FINANCIERA CON MÁS DESAHUCIOS EN ARAGÓN (CAI) ESTÁ FUNDADA POR UNA ONG DE LA IGLESIA CATÓLICA (ASC)





La entidad financiera  con mayor índice de desahucios en Aragón es la Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI), fundada en 1905 por Acción Social Católica de Zaragoza con el nombre de Caja de Ahorros y Préstamos de la Inmaculada Concepción.
A su vez, Acción Social Católica (en adelante, ASC), ciñéndonos a lo que puede leerse en el sitio web de esta entidad, “es la entidad fundadora de la CAI” y “una entidad que depende jerárquicamente de la Iglesia Católica. Es por tanto una ONG de la iglesia formada por seglares cuyas actividades se inspiran en la Doctrina Social de la Iglesia Católica”.
Según esto, por lo que parece la entidad financiera  con mayor índice de desahucios en Aragón es una ONG y depende directamente de la Iglesia Católica. Denominar, a estas alturas, ONG a la CAI puede herir la sensibilidad de no pocas personas, principalmente damnificadas por algunas de sus medidas hipotecarias y laborales. Calificar a ASC de “católica” es una cuestión que tendrán que resolver los católicos y el consejo de administración de la entidad. Pretender decir hoy de la CAI que su acción es “!social” suena ciertamente algo sarcástico.
CAI acordó agruparse en 2010 con Caja Círculo de Burgos (entidad financiera también de la iglesia católica, cuyo nombre completo es Caja de Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros de Burgos ) y con Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz (Caja de Badajoz), según el modelo de Sistema Institucional de Protección (SIP). Desde entonces, el nombre oficial global es Caja³. En noviembre de 2012 Caja³ acordó, a su vez, su integración en Ibercaja.
En este proceso de metamorfosis institucional, la entidad financiera de la Iglesia Católica CAI ha ido planteando expedientes de regulación de empleo, que por ejemplo incluyen 592 despidos y el cierre de 187 oficinas, propuesta actualmente en revisión.
Eso no es óbice para que el Banco de España haya señalado que Caja³ debe reducir, entre otras muchas cosas, la remuneración de tres de sus consejeros no ejecutivos y de su máximo directivo, además de revisar las indemnizaciones pactadas de 13 directivos (uno de Burgos, otro de Caja Badajoz y once de la CAI). Según diario.es, en la actualidad, solo un consejero recibe más de 500.000 euros y tres miembros no ejecutivos reciben importes superiores a 100.000 euros. La Iglesia Católica debería aclarar si todo ello forma parte del espíritu fundacional católico de la CAI que, según el web de ASC, está basado en “las propuestas del Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum”, “las diferentes Encíclicas y documentos de doctrina social emanados de la iglesia católica” y  “los valores cristianos (…) a través de acciones de formación, divulgación, denuncia y ayuda a los sectores y personas más desfavorecidos de nuestra sociedad, así como del tercer y cuarto mundo”. Desconozco si entre esas personas desfavorecidas está incluida también la gente desahuciada. Confiemos, pues, en una pronta respuesta de Acción Social Católica a este respecto.

jueves, 21 de marzo de 2013

Concentración frente a la CAI

CONCENTRACIÓN ESTA TARDE FRENTE A LA SEDE CENTRAL DE LA CAI CONTRA LA POLÍTICA HIPOTECARIA Y DESAHUCIOS DELA ENTIDAD FINANCIERA








Concentración hoy, jueves, 21 de marzo


Hoy, jueves, 21 de marzo de 2013, acompasados con la recién venida primavera, nos hemos vuelto a manifestar hasta 18 personas en la Puerta Cinegia de la zaragozana Plaza de España, a fin de expresar cuantas denuncias y reivindicaciones hemos considerado oportunas.
Hemos recibido sendas visitas y preguntas de la policía municipal y policía nacional, pero todo ha ido aconteciendo sin incidentes.
Esta es una fotografía de un grupo de los/las manifestantes en un momento de la concentración.
¡Hasta la próxima!

miércoles, 20 de marzo de 2013

¿Democratizará Jorge Bergoglio su iglesia y dejará de marginar a las mujeres?



Aturdido estoy aún con el nuevo bombardeo de noticias sobre Jorge Bergoglio, recientemente entronizado  como Jerarca Supremo de la Iglesia Católica: giro nuevo de la iglesia, la iglesia de los pobres y de los desvalidos, Papa abierto, apertura…
Escribí recientemente un articulo al respecto  titulado “Dejad que los muertos entierren a sus muertos”. Como uno es medio masoca, he decidido hurgar un poco más dentro del sepulcro blanqueado y me ha surgido una Ley Fundamental de la Ciudad del Estado del Vaticano, de fecha 26 de noviembre del 2000  (“Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo”), bajo el reinado vicario de Karol Józef Wojtyła. (¡Qué manía tienen los eclesiásticos con la monarquía. ¿Cuándo empezarán a hablar alguna vez de república?!)
Leo en tal Constitución Vaticana que “El Sumo Pontífice, Soberano del Estado de la Ciudad Vaticano, tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial” (artículo 1.1), lo cual es ni más ni menos que la definición exacta de un régimen dictatorial.
Ese “Sumo Pontífice” representa al Estado ante los Estados extranjeros y otros sujetos de derecho internacional, en las relaciones diplomáticas y en la conclusión de los tratados” (artículo 2), lo cual sigue estando en la misma línea dictatorial, además de confirmar bien poco lo que ahora pretenden decirnos los medios de comunicación sobre la iglesia de los pobres y los desvalidos. 
Eso sí, “el poder legislativo, salvo los casos que el Sumo Pontífice entienda reservar a sí mismo o a otras instancias” (el general Franco legisló y llevó a cabo la misma táctica), es “ejercido por una Comisión compuesta por un Cardenal Presidente y por otros Cardenales, todos nombrados por el Sumo Pontífice” (artículo 3.1.) Po su parte, “el poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la Comisión” (cadena de mando directa, atada y bien atada) (artículo 5.1.).
La cosa se complica con los dineros:  “los presupuestos y balances generales del Estado, una vez aprobados por la Comisión, son sometidos al Sumo Pontífice a través de la Secretaría de Estado” (artículo 3.1.). ¿Qué tiene que ver esto con los pobres y desvalidos?
Respecto del poder judicial “es ejercido, en nombre del Sumo Pontífice, por los órganos constituidos según la ordenanza judicial del Estado” (artículo 15.1). Es decir, una dictadura pura y dura. Si hay “controversias relativas a la relación de trabajo entre los empleados del Estado y la Administración” las dirime  una “Oficina de Trabajo de la Sede Apostólica, conforme al propio Estatuto”. ¿Recuerda alguien los Tribunales de Orden Público (TOP) del régimen franquista? En cualquier caso, el “Pontífice Máximo” es el único capaz de “conceder amnistías, indultos, multas y gracias” (como los sucesivos gobiernos en España: así nos va…).  

De ser cierto lo que dicen los medios de comunicación sobre la nueva iglesia de Jorge Bergoglio, que empiece, pues, por democratizarla. De lo contrario, todo puede ser solo propaganda y brindis al sol.

De paso y sobre todo, debe demostrar que la mitad de la humanidad, las mujeres, no quedan excluidas de su iglesia a la hora de acceder al sacerdocio y a cargos de responsabilidad. De hecho, no hay una sola razón bíblica o teológica que lo impida, salvo las mentes reprimidas y represoras de los varones eclesiásticos que desde los primeros tiempos del cristianismo ya se encargaron de relegar a la mujer a funciones secundarias y marginales.


Indolencia institucional y obediencias debidas





 Publicado hoy en El Periódico de Aragón
Hace pocos años, indagando la legislación municipal de Zaragoza sobre cementerios con el objetivo de reivindicar el carácter civil de los cementerios municipales y la existencia de recintos laicos para la celebración de funerales, leí con asombro, al final de la Normativa Municipal del Reglamento del Cementerio principal, hasta entonces vigente: “Este reglamento fue   aprobado en sesión del 30 de marzo de 1938. II Año Triunfal”. En otras palabras, aquel Reglamento, presente hasta entonces en el sitio web oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, o era del agrado de los munícipes zaragozanos que lo hubieran leído o nadie se había molestado en leerlo.
En otro (¿el mismo?) orden de cosas, 400.000 personas y familias han ido quedando desahuciadas desde 2007, a un ritmo de 517 desahucios hipotecarios al día en el primer trimestre de 2012. La legislación hipotecaria española, que se remonta originariamente, con algunas modificaciones, a 1909 y 1946, les ha parecido de perlas (a los hechos contantes y sonantes me remito) a los sucesivos gobiernos y mandatos del PP y del PSOE, pues ninguno de ellos ha tenido nunca a bien cambiar o revisar siquiera tal legislación.  Mientras socialistas y populares discutían hasta hace unos días sobre galgos y podencos en su nonato pacto contra desahucios, personas de carne y hueso y familias enteras se quedaban en la calle, y las entidades financieras, impertérritas en su voracidad carroñera, mostraban cada año públicamente una parte de sus copiosos beneficios amasados durante el ejercicio anterior. O nuestros gobernantes no habían leído la legislación hipotecaria vigente (cosa harto probable) o les importaba un carajo (cosa aún más probable) o se limitaban a secundar las directrices y acatar los chantajes de los amos del dinero y también de sus deudas crediticias (cosa, está sí, segura).
Pues bien, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminaba el pasado jueves que la normativa española sobre préstamos hipotecarios y desahucios es incompatible con la directiva europea de protección de los consumidores, aprobada en 1993 (o sea, no precisamente anteayer), por lo que los jueces podrán suspender cautelarmente los procedimientos de ejecución e impedir los desalojos que incluyan cláusulas abusivas en un contrato hipotecario. ¿Alguien se ha declarado o se declarará en España responsable de los centenares de miles de tragedias de personas y familias abandonadas a su suerte, sin vivienda y al pairo exclusivamente de las maniobras de las entidades financieras?
Como si nada fuese con los actuales gobernantes, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, enrocado hasta el último minuto en su decisión de quedar a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y no tocar la actual legislación hipotecaria española, pues de hacerlo, encarecería, según él, los créditos en España, se ha limitado a decir que “estamos estudiando la sentencia”, “intentaremos adecuar la legislación a lo que desde Bruselas se nos pide” y “tomaremos una decisión a la mayor celeridad posible”, mientras que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunciaba que “serán corregidos” todos los “aspectos” de la legislación hipotecaria española “contrarios a la legislación europea”.
La realidad humana y ciudadana queda así invertida y pervertida, a la vez que los derechos fundamentales quedan ignorados y silenciados. Lo que parece importar a los políticos es la legislación, y muy poco, en cambio, los derechos sobre los que debe sustentarse toda legislación. Lo definitivo para ellos son las normativas y las leyes, y el poder económico-político se cuidará muy mucho de que alguna legislación vaya en contra de sus intereses y de su acopio de beneficios. Por lo mismo, parece carecer de importancia para ellos que millones de ciudadanas y ciudadanas estén privados, de hecho, por tal legislación de derechos fundamentales, tales como el derecho al trabajo o a una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, por encima de la ley están los derechos humanos y la conciencia personal de cada ser humano como instancia ética suprema.
La policía pide el carné en la calle y amaga con fuertes sanciones y multas a personas que manifiestan pública y pacíficamente sus denuncias y sus reivindicaciones de derechos y libertades fundamentales. Son policías cuyos hijos acuden diariamente a escuelas cada vez más recortadas, tienen menos acceso a becas y ayudas, visitan hospitales y centros de salud cada vez con menos recursos. Son policías sin paga extra, con reducción de salarios, y que intervienen directamente en el drama de los desahucios, de los EREs, de la desesperación ciudadana. Cumplen órdenes por obediencia debida. Triste y esquizoide. Legal, pero a menudo también  inhumano. La realidad humana y ciudadana queda así pervertida, invertida. Obedecen a sus amos directos (jefes, delegados gubernamentales, ministros), son servidores mudos, sordos y ciegos de los intereses de los amos del mundo con su dinero, sus delitos fiscales, sus trapicheos, sus pelotazos y sus disfraces de mercaderes tramposos. Y el infierno está lleno de cumplimientos de órdenes.





lunes, 18 de marzo de 2013

Unidad ciudadana, por Juan Torres

 
http://juantorreslopez.com/impertinencias/unidad-ciudadana/
Publicado en Público.es el 16 de marzo de 2013

Hace ya cinco años que la crisis empezó a mostrarse con todo su vigor y que los economistas más críticos comenzamos a advertir de lo que se venía encima. Desde entonces hemos venido analizándola, haciendo propuestas constantes y señalando sus peligros y las circunstancias más favorables que había que tratar de crear para poder hacerle frente mejorando en la mayor medida de lo posible el bienestar de las personas. En un artículo que publiqué el 10 de septiembre de 2007 exponía la que me parecía que la verdadera naturaleza de la crisis y decía que había alternativas pero que no podrían llevarse a cabo “si los ciudadanos no son capaces de negar el estado de cosas actual, de imponer su voluntad sobre la de los mercados en donde gobiernan los poderosos y para ello es preciso no solo que sean conscientes de la naturaleza real de estos problemas económicos sino que tengan el poder suficiente para convertir sus intereses en voluntades sociales y éstas en decisiones políticas” (Diez ideas para entender la crisis financiera, sus causas, sus responsables y sus posibles soluciones). Mensajes parecidos, si no idénticos, divulgaron otros economistas, asociaciones, sindicatos y organizaciones de todo tipo.
Pero a pesar de saber desde el principio lo que iba a suceder y de disponer de suficiente información y de conocer las alternativas, lo cierto es que no se ha conseguido articular la fuerza social y política suficiente para frenar los recortes sociales y el desmantelamiento de la democracia.
Es cierto que se han llevado a cabo experiencias novedosas y rompedoras, como el 15-M o los movimientos de indignados en otros lugares del mundo, que ha habido más unidad de acción que nunca, que el número de personas que acude a actos, conferencias, seminarios, reuniones en plazas, manifestaciones, etc. es mucho más elevado que antes de la crisis. Y creo que igualmente es cierto (o al menos yo lo percibo) que hay un “deseo” de que la respuesta social vaya a más, de involucrarse y de ayudar a que cuajen alternativas que pongan fin a lo que está pasando.
Hemos avanzado, es verdad pero no lo suficiente. No podemos olvidar que vivimos en situación de emergencia, que muchos de los cambios que está llevando a cabo el Partido Popular (y que empezó a aplicar antes el Partido Socialista) pueden ser irreversibles durante muchos años, y que no hemos sido capaces de evitar casi ni una sola de las grandes agresiones a los trabajadores, a los sectores sociales más débiles o a la ya de por sí débil democracia que tenemos. Que ni siquiera han cesado los desahucios, que la pobreza sigue aumentando, que cierran miles de pequeñas y medianas empresas perdiéndose con ellas miles de puestos de trabajo,… y que, muy posiblemente, todo eso no ha terminado, ni muchísimo menos.
¿Por qué no avanzamos?
Por eso que creo que es fundamental preguntarse por la razón de la impotencia, de la incapacidad para movilizar a toda la gente necesaria y sobre lo que se debería hacer para ser más efectivos frente a la agresión que tanta gente sufre y rechaza.
A mi juicio, la primera razón es que el neoliberalismo ha creado condiciones muy idóneas para multiplicar el número de personas que no se defienden a sí mismas porque el paro, la deuda, el trabajo precario, la pobreza, la doble jornada de las mujeres o la exclusión amedrentan a quienes los sufren. Ha creado seres humanos individualistas, que se aíslan, que actúan ensimismados, sin apenas capacidad para mirarse en los demás para descubrir que cada uno de nosotros es también el otro o la otra de alguien. Han destruido los lazos solidarios y, por tanto, se hace muy difícil que se den la coalición y el compañerismo
En mi opinión, las corrientes progresistas, o simplemente opuestas a todos estos fenómenos de explotación y de deshumanización, no han sabido hacer frente a este nuevo tipo de sociedad y de seres humanos.
Por eso creo prioritario que todos estos sectores opuestos a lo que está pasando hablen y se dirijan de otro modo a la gente, con pedagogía y no desde la abstracción ideológica, para que puedan entender su discurso alternativo no solo los convencidos sino la gente humilde, la inmensa mayoría de la sociedad, enseñándole cómo le roban los bancos, las eléctricas, los políticos corruptos, cómo le mienten los grandes medios de comunicación, por qué le quieren quitar el médico del seguro para ponerle otro de pago o por qué dicen que hay que hacer recortes en aras de una falsa austeridad. Y llevando eso a un programa de acción política alternativa muy elemental, de justicia económica, de auténtica democracia, de independencia frente a potencias extranjeras y de castigo de los culpables.
La segunda causa de nuestra impotencia es la desunión. Es inconcebible que los sectores que están enfrentándose a la agresión neoliberal no logran ponerse acuerdo. ¿Como es posible que ahora mismo estén funcionando en España, cada uno por un lado, los sindicatos, las mesas de convergencia, las asambleas constituyentes, el Foro Cívico de Anguita, la cumbre social, los socialistas de izquierda, la convocatoria social de Izquierda Unida y otros partidos progresistas, el 15-M, las Mareas, el Partido X, más alguna otra plataforma que quizá no conozca, cuando en realidad todas proponen prácticamente lo mismo, es decir, frenar las agresiones que se están produciendo, evitar los recortes de derechos sociales y hacer que la crisis la paguen quienes la han provocado?
Es imprescindible que dejemos de lado lo que nos diferencia para hacer frente a un enemigo común, sobre todo, cuando también es un hecho que todos contemplamos al mismo enemigo: el capital financiero, los bancos, las grandes corporaciones empresariales, los grupos políticos, mediáticos, judiciales, etc. que los apoyan, y algo a lo que llaman democracia pero que no lo es.
Es impostergable promover ya la más amplia unidad ciudadana, de las plataformas, sindicatos, partidos, movimientos, organizaciones y personas que están en contra de la agresión que se viene realizando contra “los de abajo” para apoyar un acción unitaria de respuesta y de cambio.
Finalmente, no avanzamos porque quienes se enfrentan a las agresiones y recortes de derechos no terminan de articular una respuesta política efectiva capaz de frenarlas. Para conseguirlo no basta con organizar respuestas fuera de las instituciones. El poder “de la calle”  es insustituible pero también insuficiente. Los poderes que hoy día nos oprimen se quedan tan anchos si salen millones de personas a la calle un domingo y el lunes pueden seguir en el parlamento y el gobierno elaborando y aplicando sus leyes.
Tenemos que salir a la calle pero también tenemos que llevar la voluntad de la gente a los parlamentos y llegar al gobierno. Tenemos que ocupar el Congreso pero de verdad, haciendo que entren en él docenas de parlamentarias y parlamentarios de nuevo tipo para denunciar el poder oculto de banqueros y patronales que no se presentan nunca a las elecciones, para bloquear las agresiones legales que hacen desde allí y para promover y asegurar que se hagan otras más favorables para los trabajadores, para las gentes humildes, para la naturaleza, y para los pueblos más pobres del planeta.
Hay que meter al menos a 150 o 200 diputados y diputadas en el Congreso como auténticos representantes de la calle y de una nueva mayoría ciudadana. La inmensa mayoría de los que están allí no nos representan y se pueden echar fuera si nace un sujeto político que sea “otra cosa”, de nuevo tipo, participativo, sometido a la voluntad colectiva y ajeno a los vicios de las viejas burocracias partidistas, si se organizan candidaturas ciudadanas con elecciones primarias de candidatos, con estatuto del diputado o diputada que contenga sus derechos económicos, políticos, los periodos de mandatos, el procedimiento de revocación, etc. y si no se forman como una simple sopas de letras sino como expresión de la movilización y del empoderamiento de la gente en la calle.
Propuestas
Los promotores de todas las plataformas que se han ido creado en estos últimos tiempos para hacer frente (estoy seguro de que con la mejor voluntad) a esta agresión deben acordar su disolución para promover la creación desde las bases de un nuevo espacio unitario de encuentro y movilización que recoja las actividades de todas las anteriores, que se abra en la mayor medida de lo posible a toda las sociedad y que obligue a que dimita un gobierno que incumple su programa y que es incapaz de solucionar los problemas de España.
Se debe elaborar y proponer un programa de mínimos que plantee la desobediencia civil ante tanta injusticia, que señale todo aquello por donde no estamos dispuestos a pasar y ofrezca alternativas.
Y hay que llamar y al mismo tiempo auto convocarse para que la gente se organice desde la base para generar una auténtica red de ciudadanía comprometida y activa, protagonista de la vida política, que culmine en la preparación de nuevos modelos de candidaturas en todas las provincias con el objetivo de estar preparados para participar en las próximas elecciones con protocolos de actuación que salvaguarden la democracia deliberativa (que no tiene por qué entenderse como galimatías asambleario), la participación efectiva, elecciones primarias y que garanticen un nuevo modo de ejercer la representación ciudadana.
Finalmente, es muy importante que quienes promuevan estas acciones sean conscientes de que sus propuestas no deben hacerse pensando solo en las mujeres y hombres de izquierdas o de sus misma sensibilidad ideológica o política sino para toda la sociedad.
De hecho, es materialmente imposible que las reformas urgentes que hoy día necesita España se puedan llevar a cabo solo por lo que tradicionalmente se sitúa en el campo de la izquierda. Hay sectores sociales y miles de personas que no tienen por qué sentirse ideológicamente identificados con los planteamientos filosóficos o políticos de quienes somos de izquierdas, pero que coinciden totalmente con las propuestas de regeneración y reconquista de los derechos que planteamos: que quieren que se pidan responsabilidades, que no se permita robar, que se combata la corrupción, que se garantice la financiación a la economía antes que los privilegios de la banca privada, que se facilite la creación de empresas y de empleo eliminando nuestra dependencia de las grandes multinacionales y grupos bancarios, que las instituciones se corresponsabilicen con el cuidado de los dependientes a través del gasto social o que se respete el medio natural por encima de todo.
Por eso es igualmente fundamental que ese nuevo sujeto político se abra a otras opciones que desean salir del régimen caduco de una transición que mantuvo prácticamente intacto el poder de los grupos oligárquicos y que ha ido degenerando la vida política y la democracia poco a poco. Hay que buscar y conformar alianzas amplias para regenerar nuestra sociedad y para avanzar hacia una institucionalidad diferente y plena y realmente democrática.
Me parece que todo esto es urgente y que para ponerlo en marcha solo hace falta que las personas normales y corrientes quieran comprometerse y actuar como lo que son, dueñas de sus destinos. En Sevilla y en otros puntos de España nos hemos empezado a auto convocar personas de diversas procedencia y sensibilidades que queremos cambiar y fomentar la unidad ciudadana. ¿Por qué no intentarlo cada vez con más gente y en más lugares?